Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos expresaron este miércoles su preocupación ante los últimos incidentes en los que se han violentado a mujeres policías, y llaman a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la misma Policía Nacional Civil (PNC) a sentar un precedente de no tolerancia e impunidad en los casos.
“Hacemos un llamado a la sociedad salvadoreña para que exijamos investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades de la PNC como de la Fiscalía General de la República en cada situación ocurrida, para que se castigue a los responsables y que ningún hecho de violencia contra mujeres quede en impunidad. En este mismo marco exigimos a la FGR una investigación para determinar tolerancia continuada a la discriminación contra las mujeres policías”, expresan por medio de un comunicado.
Y es que los últimos días del 2017 estuvieron marcados por la muerte de dos agentes policiales de las cuales una se maneja como suicidio, mientras que otra, la de la agente Lorena Hernández, tuvo un giro de suicidio a homicidio. Además, se reportó la desaparición de una agente policial a manos de uno de sus compañeros tras finalizar una fiesta policial.
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Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018, se conoció de la muerte de la agente María Cristina Alvarado González, destacada en la delegación de Monserrat, en San Salvador, quien aparentemente se quitó la vida en el baño de la vivienda de uno de sus familiares en la colonia Bosques de la Paz en San Salvador.
En el caso de la agente Lorena Hernández, en un primer momento se conoció que había terminado su turno con normalidad el mismo 31 de diciembre, y minutos más tarde fue encontrada sin vida en la Subdelegación de Mejicanos. No obstante, pruebas forenses no encontraron pólvora en sus manos, y se habla de más de un impacto de bala, por lo que el caso ya se maneja como un homicidio en el que estaría implicado su compañero de vida, otro agente con quien habría discutido minutos antes de su muerte.
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Asimismo en el caso de la desaparición de la agente Karla Ayala Palacios, quien desapareció tras un altercado en una fiesta policial el pasado 29 de diciembre. Hasta el momento el agente Juan Josué Castillo Arévalo es el principal sospechoso y es prófugo de la justicia; de la agente Palacios aún no se saba nada.
Según las ONG, la corporación policial cuenta con las herramientas institucionales para transformar estos hechos en precedente institucional de acción, no tolerancia y no impunidad ante hechos de violencia contra las mujeres, como “Política Institucional para la Igualdad y la Equidad de Género”, en la creación de las “UNIMUJER”, y más recientemente en la creación del “Protocolo para el abordaje de la violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres al interior de la PNC”.
“En algunos casos se conoce de antecedentes de denuncia de violencia de pareja ante los cuales se sospecha negligencia y un abordaje no adecuado. Esta realidad debe cambiar y las autoridades policiales tienen las posibilidades de hacerlo”, señalan las ONG.
Concluyen que un camino equivocado sería privilegiar el silencio, omitir investigaciones efectivas, encubrir los hechos y a los hechores de cualquier nivel y dar paso a la impunidad y a la violencia institucional.
Entre las organizaciones se encuentran la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, FESPAD, Foro Nacional de Salud, Las Dignas, entre otras.
