El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva normativa o regla que afectará a cientos de miles de personas -en particular, a los migrantes más pobres- por carecer de requisitos como los estándares de ingresos o por recibir asistencia social, cupones de alimentos, vivienda pública o Medicaid.
La propuesta fue hecha por Stephen Miller, el principal asesor antiinmigración del presidente Donald Trump, que entra en vigencia hasta octubre del presente año, según la agencia de noticias Reuters. Miller es un californiano descendiente de migrantes y el único que ha sobrevivido del gabinete original de Trump.
La nueva regla deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al gobierno denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una “carga pública”.
Por tanto, establece que las personas que emigran hacia Estados Unidos deben de ser autosuficientes, mantenerse solas sin necesidad de los recursos del Estado. Con esta regla más de la mitad de los que pedirían la residencia o “Greencard” perderán la oportunidad de obtenerla si no cumplen con los requisitos.
La nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplía la definición de una carga pública que descalifica a más personas. Pero la decisión final quedará a la discreción de la oficina de ciudadanía y servicios migratorios, o USCIS (por sus siglas en inglés).
El Gobierno denegará el permiso de permanencia a quienes pueden ser potencialmente una carga para el Estado. Un migrante que necesita de los fondos del Estado, si es discapacitado o necesita alguna asistencia médica extra, no recibirá la visa. Esto se parece a la propuesta de Hitler en los años 30, cuando quería acabar no solo a los judíos, sino que también buscaba acabar con personas que tenían alguna discapacidad motriz o intelectual y, en general, a toda aquella persona que no podría mantenerse por sí misma.
El anuncio de la medida propició una oleada de críticas de los miembros del partido Demócrata y de las organizaciones como los abogados de inmigración. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, intentará demandar a la administración central por la normativa.
“Bajo esta regla, los niños padecerán hambre y las familias se quedarán sin asistencia médica. Estoy comprometida a defender a las comunidades neoyorquinas, motivo por el cual tengo la intención de demandar a la administración de Trump por esta atroz regla”, dijo James.
El gobernador de California, Gavin Newsom y el fiscal de ese mismo estado, Xavier Becerra, también tomarán acciones que, hasta el día del anuncio, no habían especificado.
La presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), Marketa Lindt, dijo que la normativa provocará un “daño irreparable a las empresas estadounidenses y a las comunidades, al erigir barreras adicionales a los aplicantes. Como consecuencia, alejará a los potenciales colaboradores de perseguir el sueño americano”.
La congresista demócrata Norma Torres, que visitó El Salvador la semana pasada con un grupo de otros 12 congresistas, criticó con dureza la disposición de la mancuerna Miller-Trump. “No hemos subido el salario mínimo en mucho tiempo, el costo de hacer negocios sigue subiendo, todo sigue encareciendo”¦ Pero en vez de verlo desde esta perspectiva, prefiere castigarlos”, dijo Torres durante una entrevista con CNN. Torres llegó a Estados Unidos de Guatemala cuando aún era una niña. “Pero castigarlos es solo una excusa para deshacerse de gente que se ve como yo”, agregó.
Otros congresistas como Elizabeth Warren, Kamala Harris, Joaquín Castro y el excongresista Robert O”™Rourke también tildaron la medida como discriminatoria contra la población de bajos ingresos y contra gente de piel con tonos más oscuros.
O”™Rourke (demócrata de Texas), por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter que Trump no había tomado en cuenta que, durante 243 años, los migrantes han sido la base del crecimiento en los Estados Unidos.
