Imagínate por un momento que eres una niña de 12 años y el esposo de tu mamá -un señor de 70 años- te violenta sexualmente de forma constante. Tienes miedo de contárselo a alguien – mucho menos a tu mamá-, piensas que nadie te creerá (a muchas no nos creen). Después de siete tortuosos años de ser violada, quedas embarazada de tu agresor: tu padrastro. Sufres un parto extrahospitalario y tienes una hija, la cual sobrevive; sin embargo, en lugar de recibir protección por parte del Estado y de que el mismo garantice tus derechos y condene la violencia sexual que experimentaste todos esos años, lo que recibes a cambio es una acusación por homicidio agravado en grado de tentativa y, posteriormente, vas a prisión. Ahora, tienes 20 años y no sabes si recuperarás tu libertad o serás condenada a más años de prisión, pues quien está a cargo de tomar esa decisión es el mismo Estado que no ha sido capaz de protegerte.
Este es el caso de Imelda Isabel Cortez Palacios, una mujer joven salvadoreña, que creció en Jiquilisco, El Salvador, en condiciones de pobreza, quien, además, tiene una discapacidad cognitiva y se encuentra privada de su libertad desde el mes de abril de 2017. El Estado salvadoreño no ha sido capaz de garantizar sus derechos humanos, sino que, por el contrario, le ha criminalizado. El próximo 12 de noviembre, el Tribunal de Sentencia de Usulután juzgará su caso, pero Imelda se expone a una sanción de 20 años de cárcel.
Un parto extrahospitalario o parto de urgencia es el que se inicia de forma inesperada, que no se ha planeado de manera previa y que se produce fuera del hospital, porque a la mujer embarazada no le ha dado tiempo a llegar a un hospital o centro de salud para ser atendida. Según las palabras de Imelda, ella fue a una letrina y, en ese momento, sintió que expulsó algo, sin saber qué. Empezó a sangrar muchísimo y, entonces, gritando llama a su madre para que fuera en su auxilio. Estuvo inconsciente por un tiempo y su madre, con el apoyo de una vecina, es quien la traslada al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde es atendida, pero también interrogada por la Policía Nacional Civil. Queda detenida en el hospital y luego es acusada por homicidio agravado en grado de tentativa, pues su hija sobrevive.
El Salvador es uno de los países centroamericanos con los mayores índices de violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas. Por otra parte, a pesar de que, a nivel mundial y regional, la despenalización social y legal del aborto va en aumento, éste no ha sido el caso de ese país, en donde existe penalización absoluta del aborto, a partir de una legislación que violenta los derechos humanos de las mujeres y que va en contra de tratados y convenios internacionales que han sido suscritos por el Estado salvadoreño.
Imelda Cortez representa uno de los 27 casos de mujeres que están actualmente en prisión en El Salvador, quienes han sido criminalizadas injustamente por tener emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios. Imelda es, sin duda, una víctima más del continuum de violencia que se ejerce contra las mujeres dentro de un sistema patriarcal que sigue considerando a las mujeres como seres humanos de segunda categoría.
Yo quiero unirme a todas esas voces que están exigiendo en este momento: ¡Justicia para Imelda! Y decirle “No estás sola, existe un movimiento que te respalda”.
