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miércoles, 20 de octubre del 2021

Ministro de Seguridad analiza con jueces las medidas en los penales

FESPAD se sumó a las observaciones sobre los efectos de las medidas represivas en el respeto a los derechos humanos y la convivencia

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El estado de emergencia en los centros penales del paí­s se mantiene desde que así­ lo ordenó el presidente Nayib Bukele, pero en poco tiempo ha propiciado llamados de alerta por los efectos que pueda tener esta situación en proteger los derechos humanos de los reclusos y en las actividades propias de los tribunales y cámaras.

Es en este contexto que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el viceministro, Osiris Luna, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda. En el encuentro participaron otros jueces. El objetivo era discutir el porqué de las medidas de seguridad que ha ordenado el presidente Bukele y sus efectos.

“El problema de la seguridad debe verse de una manera integral, de forma conjunta, nadie está exento de los ataques que cometen a diario los grupos terroristas y el papel de la Corte y de otras instituciones del Estado es fundamental para superar este flagelo que agobia a la población salvadoreña”, dijo Rivas en el encuentro, citado en un comunicado.

En la primera fase del Plan Control Territorial, Bukele ordenó decretar emergencia en todos los centros penales, con el objetivo de reducir al mí­nimo la comunicación desde el interior de esos recintos. Luego de conocer otros crí­menes atribuidos a pandilleros, Bukele ordenó medidas aún más severas: los reos vinculados a la dirigencia de pandillas no podí­an ver “ni un rayito de sol”, según expresó el presidente en su cuenta de Twitter. También ordenó intensificar la persecución de los criminales, incluso con fuerzas élite. Bukele fue más allá y desafió a los diputados para que aprobaran la transferencia de fondos públicos para fortalecer a la policí­a y a los militares, en el marco de este plan.

En conjunto, estas acciones despertaron crí­ticas de expertos en derechos humanos como los voceros del IDHUCA, de abogados reconocidos, Cristosal y, más recientemente, FESPAD.

Un grupo de 14 jueces envió una carta al mandatario para exponer las dificultades que representaba la emergencia continua en los penales. En esa correspondencia, advirtieron que no todos los jueces habí­an aprobado la medida en el penal bajo su jurisdicción. Entre otras observaciones, los jueces firmantes advirtieron que el respeto a los derechos de los reos estaba en riesgo, que habí­a complicaciones para celebrar audiencias ““incluso en las que el acusado se puede defender”“ y otras complicaciones.

El comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública destaca que en la reunión entre Rivas y Pineda, más todos los demás asistentes, “se analizó el tema de la declaratoria de emergencia en las cárceles salvadoreñas y como se pueden desarrollar los procesos judiciales y las audiencias”. El funcionario subrayó que “el Estado debe tener el control de estos recintos sin violar los derechos humanos y las etapas procesales de los imputados”.

Más advertencias por la medida

FESPAD se sumó a las observaciones. En un extenso pronunciamiento, FESPAD advirtió de las consecuencias que puede tener el enfoque punitivo y represivo de la primera fase del plan.

La organización celebró que el Gobierno pudo bloquear la señal de telefoní­a móvil e internet en los penales y sus alrededores. Sin embargo, “los esfuerzos gubernamentales en relación al sistema penitenciario deben necesariamente, pasar por el control de los centros penales, pero sobre todo orientarse a cumplir con el fin readaptador de la pena, evitando utilizar dichos centros como herramientas de venganza”, sostiene el documento.

“El gobierno no puede obviar que los traslados, la restricción de visitas, el régimen de emergencia indefinido y el encierro en las celdas, quedan fuera del esquema constitucional de readaptación y de los parámetros establecidos en la Ley Penitenciaria, y algunas de estas medidas han sido calificadas como prácticas de torturas o tratos inhumanos o degradantes”, agregó FESPAD.

También hicieron recomendaciones puntuales como continuar la depuración de funcionarios en los centros penales, desmilitarizar la seguridad pública y prevenir la saturación del sistema judicial con las miles de capturas registradas, entre otras.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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