El 15 de julio próximo, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Edgar Romeo Rodríguez Herrera, tendrá un cara a cara con los diputados de la Comisión de Obras Públicas, luego que el pasado 10 de junio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolviera que se violentaron preceptos de la Carta Magna, al declarar la exclusividad del carril segregado que utilizan los autobuses articulados del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Son dos los cuestionamientos que los legisladores le harán al funcionario: que resuelva lo de la licitación y posterior concesión del transporte y qué decisión se tomará con respecto al carril segregado.
En mayo de 2015, la anterior Sala de lo Constitucional decretó una medida cautelar en el sentido de que, además de los carriles utilizados por los buses del SITRAMSS, "se habilitara el uso público libre de los carriles segregados”¦ es decir, que no debían existir restricciones en el desplazamiento vehicular”, Además, ordenó que se permitiera la fluidez del paso de las personas.
Con la sentencia pronunciada por el tribunal constitucional el 10 de junio pasado, se declaró inconstitucional la resolución del entonces director de Tránsito del Viceministerio de Transporte Edwin Ernesto Flores emitida el 16 de abril de 2015, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
El carril segregado se extiende desde la Avenida Rosario Sur, en el municipio de Soyapango, hasta la 33 Avenida Norte en San Salvador.
Hoy, la Sala de lo Constitucional le ha dado a la Asamblea Legislativa un año para que decida si concede, previa licitación, la explotación del bien de uso público en el que están construidos el carril segregado.
Y es precisamente este, uno de los puntos que deberá explicar el ministro Rodríguez Herrera a la comisión.
Para el diputado de ARENA, David Reyes, no había duda de que la Sala de lo Constitucional se iba a pronunciar de esa manera pues a su juicio, se cometieron violaciones a la Carta Magna al no haberse realizado una licitación y posterior concesión del servicio.
Recordó que la Asamblea Legislativa solo se limitó a aprobar los $40 millones para iniciar el proyecto, pero el resto de la responsabilidad recae en el Ejecutivo en la rama de Obras Públicas.
A pesar de esta situación de ilegalidad que se ha presentado, Reyes considera que el SITRAMSS es bueno, brinda un buen servicio a los usuarios y es de gran ayuda para las personas discapacitadas, facilidades que no brinda el transporte público en general.
Lo mismo piensa el diputado del FMLN, Jaime Sandoval, El ministro de Obras Públicas está en la obligación de explicar cómo se llevará a cabo el proceso de licitación y la concesión del servicio. “mientras el ministro no nos presente las propuestas la comisión no puede emitir un dictamen favorable¨, recalcó el parlamentario de izquierda.
Se trató de conocer la opinión del ministro Edgar Rodríguez, pero su asistente se limitó a decir que cualquier consulta “ella le pasaba el recado”.
La Sala fue clara en su fallo al señalar que si al finalizar el año no se da cumplimiento a lo establecido en el considerando VII, es decir, la licitación pública como mecanismo por medio del cual se adjudica una concesión, ordenará realizar las obras necesarias para rehabilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos, eliminará las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso del SITRAMSS y eliminará las estaciones construidas en el citado carril, de tal manera que con ello, se estaría recuperando la naturaleza de un bien de uso público; dicho en otras palabras, todo volverá al estado en que se encontraba la vía antes de la construcción del proyecto.
