México pondrá en marcha el plan migratorio acordado con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes y también anunció el inicio del despliegue de la Guardia Nacional en su frontera sur, es decir, con Guatemala. La presencia será más notoria a partir del miércoles.
El vicepresidente Félix Ulloa señaló que este acuerdo, para el que no se consideró a los países desde donde salen los migrantes, tendrá “consecuencias”.
La agencia Associated Press publicó que México acordó con Washington reforzar el control de su frontera sur con el despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional y aceptar a los solicitantes de refugio en la frontera norte, para que esperen la respuesta en ese territorio, aunque su destino final sea Estados Unidos. Estas acciones son parte de un pacto para evitar la imposición de aranceles que el gobierno de Donald Trump amenazó con agregar a las exportaciones mexicanas. Entre otros compromisos adquiridos, el gobierno mexicano se comprometió a mostrar los resultados de sus medidas en 45 días.
Casi la totalidad de los migrantes que pasan la frontera sur de México provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala: el Triángulo Norte centroamericano.
Sin embargo, no todos recibieron con optimismo este plan. El vicepresidente Félix Ulloa criticó el acuerdo alcanzado porque afectará a los centroamericanos que buscan salvar su vida. “México ha negociado sólo de manera bilateral, pero ha planteado que Centroamérica está a bordo. Casi somos como una moneda de cambio en estas negociaciones”, dijo el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en un evento público y citado por la agencia Reuters. “(El acuerdo) va a tener consecuencias, no solo de carácter humanitario, sino a nivel de política regional”, agregó Ulloa.
El vicemandatario, según Los Angeles Times, señaló que las "consecuencias de carácter político" serán "responsabilidad de nuestros Estados, porque hasta el momento los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador no hemos fijado una posición con relación a las pláticas y las negociaciones entre México y Estados Unidos". Aunque reconoció que México es un país soberano en estas decisiones, pero que ahora se le cuestiona por ser un país de “tránsito” de migrantes.
El mismo medio recalcó que las autoridades de esos países "solo nos van a venir a contar lo que ya acordaron y nos van a venir a explicar cuáles son esas medidas a implementar".
Los flujos de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza rumbo a Estados Unidos se han incrementado en los últimos meses. En mayo, el número de personas detenidas en la frontera México-Estados Unidos alcanzó su máximo mensual en más de una década.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard presentaron al equipo de cinco funcionarios ““entre otros, un general y el jefe de las prisiones”“ que acudirán a las dos fronteras: norte y sur. El grupo también está integrado por representantes de las secretarías de Exteriores, Bienestar y Trabajo.
Según Ebrard, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la zona militar de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, tenía previsto iniciar un recorrido por el sur “para acelerar el despliegue en la zona” de la Guardia Nacional. Irá acompañado de Francisco Garduño, responsable de los centros penitenciarios.
Su tarea inmediata es “integrar las coordinaciones de la Guardia Nacional” y “respaldar a las instituciones de migración”.
En el río Suchiate, fronterizo con Guatemala, continuaba el goteo habitual de migrantes que cruzan irregularmente en rudimentarias balsas hasta territorio mexicano.
El objetivo del plan migratorio en el sur es registrar a todos los migrantes, ofrecerles distintas opciones de regularización y devolver a su país al que no quiera registrarse, explicó el canciller.
Ebrard no habló de arrestos pero sí de la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur que están rebasadas y que son centros de detención de migrantes de facto. “Sobre todo, necesitamos tener una presencia en la línea fronteriza, que es de registro de quienes ingresan en nuestro territorio”, indicó.
Otra parte del equipo sería trasladado a la frontera norte para atender a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y que esperan la resolución de su proceso en territorio mexicano.
Según Ebrard, la puesta en marcha de todas estas medidas se realizará con presupuesto mexicano y sin ayuda financiera de Estados Unidos.
Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró que la Guardia Nacional no será como la Patrulla Fronteriza estadounidense, ya que colaborará a regular el flujo migratorio pero no a frenarlo. No obstante dijo que la entrada de los migrantes irregulares es un asunto de “seguridad nacional”.
Según los datos del Instituto Nacional de Migración, ya son más de 11,000 los migrantes retornados con este fin, una cifra que ha crecido sustancialmente en los últimos dos meses, dado que a principios de abril apenas superaba los 1,300.
Junto a estas medidas paliativas para la migración, Ebrard mencionó que Estados Unidos tiene previsto invertir US$350 millones en El Salvador. Todavía está pendiente la confirmación de una autoridad estadounidense.
