Por Redacción ContraPunto
El 83.5 % de los encuestados se opone a retrasar cinco años la edad de retiro y el 67.9 % rechaza incrementar los descuentos salariales para financiar las pensiones. Los resultados reflejan la resistencia ciudadana a asumir nuevos sacrificios económicos en medio de una reforma previsional que el Gobierno salvadoreño se comprometió a impulsar en 2027 con el Fondo Monetario Internacional.
El sistema de pensiones de El Salvador enfrenta uno de sus principales desafíos: garantizar recursos suficientes para pagar las jubilaciones sin trasladar mayores costos a los trabajadores ni incrementar las presiones sobre las finanzas públicas. En ese escenario, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), revela un amplio rechazo ciudadano a dos de las medidas que podrían formar parte de una reforma previsional: aumentar la edad de jubilación y elevar las cotizaciones salariales.
Según el estudio Percepciones ciudadanas sobre el sistema de pensiones y la situación de las personas adultas mayores en El Salvador, el 83.5 % de los consultados está en desacuerdo con que la edad mínima para jubilarse aumente cinco años. En contraste, el 14.7 % manifestó estar de acuerdo con esa posibilidad.
La oposición también se extiende a un eventual incremento del porcentaje del salario destinado al sistema previsional. El 67.9 % rechaza que aumente el descuento aplicado a los trabajadores, incluso cuando la pregunta plantea que la medida permitiría obtener una pensión más alta al momento del retiro. Únicamente el 32.1 % respalda esa alternativa.
Los resultados ponen de manifiesto una tensión central en el debate sobre las pensiones: mientras las autoridades y los organismos financieros buscan fortalecer la sostenibilidad del sistema, una amplia mayoría de la población se muestra reticente a aceptar modificaciones que puedan prolongar su vida laboral o reducir sus ingresos disponibles durante los años de trabajo.
La edad de jubilación, el principal punto de resistencia
La encuesta muestra que elevar la edad de retiro sería una medida particularmente difícil de justificar ante la ciudadanía. Actualmente, la legislación salvadoreña establece una edad mínima de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, además de un requisito de 25 años de cotizaciones para acceder a la pensión por vejez, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.
Un aumento de cinco años llevaría esos límites a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Aunque una modificación de este tipo podría contribuir a prolongar el período de cotización y reducir el tiempo durante el cual se reciben las pensiones, sus consecuencias no serían iguales para todos los trabajadores.
Para quienes desempeñan actividades físicas exigentes, tienen empleos informales o enfrentan dificultades para mantenerse en el mercado laboral a edades avanzadas, trabajar cinco años adicionales podría representar un obstáculo considerable. También existe el riesgo de que las personas pierdan su empleo antes de alcanzar la nueva edad de retiro y deban afrontar un período sin ingresos laborales ni acceso inmediato a una pensión.
Por ello, el debate no puede limitarse a determinar cuántos años debe trabajar una persona. También requiere examinar las condiciones del empleo, la capacidad de las empresas para mantener contratados a trabajadores mayores y las alternativas disponibles para quienes no puedan continuar trabajando.
El rechazo del 83.5 % no demuestra por sí mismo las razones individuales de cada encuestado, pero sí constituye una señal política relevante: una reforma que contemple retrasar la jubilación necesitaría explicar sus beneficios, sus costos y las medidas de protección para los sectores más vulnerables.
Los trabajadores tampoco quieren aportar más de su salario
El segundo resultado significativo corresponde a las cotizaciones. El 67.9 % de los encuestados rechaza aumentar el descuento salarial destinado a financiar una pensión más alta, mientras que el 32.1 % acepta esa posibilidad.
Actualmente, el trabajador aporta el 7.25 % de su ingreso base de cotización y el empleador contribuye con un 8.75 %, para una tasa conjunta del 16 %.
Incrementar la aportación del trabajador supondría reducir su ingreso disponible, aunque el objetivo fuera acumular mayores recursos para financiar su jubilación. Para los hogares que destinan una proporción considerable de sus ingresos a alimentación, vivienda, transporte, educación y servicios básicos, incluso un descuento adicional relativamente pequeño podría representar una carga importante.
Sin embargo, mantener las cotizaciones sin cambios tampoco resuelve automáticamente los desafíos financieros del sistema. La sostenibilidad previsional depende de diversos factores, entre ellos los salarios, la densidad de las cotizaciones, la cantidad de personas que contribuyen regularmente, el monto de las pensiones y los rendimientos de las inversiones.
Una reforma que busque mejorar las jubilaciones tendría que explicar de dónde provendrían los recursos adicionales y cómo se distribuiría el esfuerzo entre trabajadores, empleadores y Estado.
La pregunta de fondo es si el país puede fortalecer las pensiones sin deteriorar el ingreso presente de los trabajadores ni generar obligaciones fiscales que comprometan otros gastos públicos.
La reforma comprometida con el FMI abre un debate fiscal
Los resultados de la encuesta adquieren relevancia ante el compromiso del Gobierno salvadoreño de impulsar una reforma paramétrica del sistema de pensiones en 2027, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las reformas paramétricas son modificaciones de las reglas de un sistema previsional que no necesariamente implican sustituir por completo su estructura. Pueden incluir cambios en la edad de jubilación, las tasas de cotización, los años exigidos para pensionarse o la fórmula utilizada para calcular los beneficios.
En el caso salvadoreño, el FMI ha vinculado la reforma con la necesidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema, generar ahorro fiscal y contener los costos y pasivos contingentes del Estado.
Esto introduce una dimensión adicional al debate. La discusión no se limita a cuánto recibirán los futuros pensionados, sino también a cuánto debe aportar el Estado, cómo se financian las obligaciones previsionales y qué proporción de los recursos públicos debe destinarse a cubrirlas.
Según la información publicada sobre el sistema, el Estado recurre a instrumentos financieros que deben ser adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), utilizando recursos provenientes del ahorro previsional. La colocación de estos instrumentos permite obtener financiamiento, pero también crea obligaciones que deben ser atendidas en el futuro.
El endeudamiento previsional puede aliviar necesidades inmediatas de financiamiento, pero no elimina por sí mismo las obligaciones acumuladas. Por ello, una reforma fiscalmente sostenible debe precisar cómo se pagarán los compromisos existentes y cómo se evitará que las nuevas generaciones hereden una carga desproporcionada.
Al mismo tiempo, la búsqueda de ahorro fiscal no debería confundirse automáticamente con una mejora de las pensiones. Una modificación puede reducir los costos para el Estado y, al mismo tiempo, trasladar parte de la carga a los trabajadores o limitar el acceso a determinados beneficios.
La evaluación de cualquier propuesta requiere distinguir entre sus efectos sobre las finanzas públicas, el monto de las jubilaciones y las condiciones de vida de quienes dependen de ellas.
¿Quién debe administrar los ahorros previsionales?
La encuesta también evidencia que no existe una posición mayoritaria clara sobre quién debería administrar los fondos de pensiones.
El 30.7 % considera que las administradoras de fondos de pensiones deben continuar gestionándolos. Otro 13.1 % prefiere que lo haga una institución privada distinta, lo que suma un 43.8 % de respaldo a la administración privada.
Por otra parte, el 28.2 % se inclina por una institución pública.
La diferencia entre ambas posiciones muestra que el modelo de administración continúa siendo un asunto abierto para una parte considerable de la ciudadanía. Además, las cifras presentadas no permiten atribuir automáticamente una preferencia definida al porcentaje restante, pues habría que conocer las respuestas completas y las categorías utilizadas en el cuestionario.
La discusión sobre la administración de los fondos no es secundaria. Involucra la transparencia en el manejo de los recursos, los costos administrativos, la rentabilidad de las inversiones, la supervisión institucional y las garantías de que el dinero acumulado se utilice conforme a la legislación.
No obstante, la propiedad y administración de los ahorros, la responsabilidad de financiar las pensiones y la capacidad del sistema para pagar beneficios son asuntos relacionados, pero diferentes.
Cambiar al administrador no garantiza por sí solo que las pensiones aumenten, del mismo modo que mantener la administración privada no resuelve automáticamente los problemas de financiamiento. El resultado depende también de las reglas del sistema, las obligaciones estatales y las condiciones económicas y laborales del país.
Por esa razón, una eventual reforma tendría que explicar con claridad qué modelo propone, qué ventajas ofrece y cuáles serían sus mecanismos de rendición de cuentas.
La ciudadanía identifica los impuestos como fuente de financiamiento
Otro de los hallazgos relevantes es la percepción sobre cómo deberían financiarse las pensiones.
El 48 % de los consultados considera que las pensiones deberían financiarse con los impuestos que paga la población, mientras que el 15 % señala los ahorros como fuente de financiamiento.
La diferencia refleja una discusión sobre la responsabilidad colectiva de garantizar ingresos durante la vejez. Sin embargo, la información disponible no permite concluir que quienes eligieron los impuestos respalden necesariamente cualquier aumento tributario ni que quienes mencionaron los ahorros rechacen la participación del Estado.
Financiar pensiones con impuestos implica utilizar ingresos públicos que también deben cubrir salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios. Si las obligaciones previsionales aumentan sin que exista una fuente de ingresos suficiente, el Gobierno podría verse obligado a incrementar la recaudación, reducir otros gastos o recurrir al endeudamiento.
Por otra parte, depender exclusivamente de las cotizaciones individuales puede dejar en una situación vulnerable a quienes han trabajado en la informalidad, tienen trayectorias laborales interrumpidas o no han logrado acumular suficientes aportaciones.
El desafío consiste en establecer un equilibrio entre las contribuciones individuales, los aportes patronales y la responsabilidad estatal, con reglas transparentes que permitan conocer quién paga, quién recibe los beneficios y qué compromisos se generan a largo plazo.
Una encuesta que revela los límites políticos de la reforma
El estudio del Iudop-UCA fue realizado entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a 453 personas mayores de 18 años. La publicación reporta un margen de error muestral de 4.6 % y un nivel de confianza del 95 %.
Estas características deben tomarse en cuenta al interpretar los resultados. La encuesta ofrece una aproximación a las opiniones ciudadanas, pero no sustituye un análisis financiero del sistema ni determina qué medidas serían necesarias para garantizar su sostenibilidad.
Asimismo, el rechazo a elevar la edad de jubilación o aumentar las cotizaciones no significa necesariamente que la población se oponga a cualquier reforma. Los resultados reflejan posiciones ante medidas concretas y dejan abierta la pregunta sobre cuáles alternativas serían socialmente aceptables.
El desafío para las autoridades consiste en explicar las condiciones actuales del sistema, publicar proyecciones financieras comprensibles y presentar propuestas que permitan comparar sus consecuencias. Sin esa información, el debate corre el riesgo de reducirse a una disputa entre las necesidades fiscales del Estado y la resistencia de los trabajadores a asumir nuevos costos.
También será relevante conocer cómo se protegería a quienes están próximos a jubilarse, qué ocurriría con los trabajadores que no logren completar las cotizaciones exigidas y qué garantías existirían para las personas con empleos informales o ingresos bajos.
Una reforma previsional que ignore esas diferencias podría afectar de manera desigual a la población. En cambio, una propuesta que incorpore mecanismos de transición, protección social y transparencia tendría mayores elementos para sostener una discusión pública informada.
El reto de garantizar pensiones suficientes y sostenibles
Los resultados de la encuesta plantean una advertencia para el debate previsional salvadoreño. La mayoría rechaza dos medidas que suelen aparecer entre las alternativas para modificar los sistemas de pensiones: trabajar durante más años y destinar una mayor proporción del salario a la jubilación.
Al mismo tiempo, las opiniones sobre la administración de los fondos y las fuentes de financiamiento muestran que no existe una única visión ciudadana sobre cómo debe organizarse el sistema.
El Gobierno tendrá que conciliar tres objetivos que no siempre avanzan en la misma dirección: garantizar pensiones suficientes, asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que el costo de la reforma recaiga desproporcionadamente sobre los trabajadores.
La discusión también exige diferenciar entre reducir las obligaciones fiscales inmediatas y resolver los problemas estructurales del sistema. Una medida que alivie las cuentas públicas en el corto plazo podría generar nuevos costos sociales si limita el acceso a la jubilación o reduce los ingresos disponibles de los hogares.
Con una reforma prevista para 2027 en el marco del acuerdo con el FMI, los resultados del Iudop-UCA ofrecen una referencia sobre los límites sociales y políticos que enfrentaría cualquier cambio.
La cuestión central no es únicamente cómo financiar las pensiones, sino cómo hacerlo de una manera que distribuya las responsabilidades con equidad, proteja a quienes han contribuido durante su vida laboral y garantice que las generaciones futuras puedan acceder a una jubilación digna.
