Por Alessia Genoves
Seis víctimas de la Masacre de El Mozote fueron reencontradas con sus familias. Sin vida, sus restos fueron almacenados en ataúdes blancos por el Instituto de Medicina Legal (IML); para proceder a su velatorio en la Parroquia “Jesús Liberador”, de la Universidad José Simeón Cañás (UCA).
Sus osamentas fueron exhumadas en el municipio de Concepción Quezaltepeque (Chalatenango), en el transcurso de varias jornadas de excavación, por orden del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. El hallazgo fue confirmado por la Unidad de Antropología Forense del IML, y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 20 de julio del año 2021.
Esta mañana, instancias judiciales entregan las primeras osamentas pertenecientes a víctimas de la masacre del Río Sumpul, ocurrida en mayo de 1980, donde la Fuerza Armada masacró a más de 600 personas civles #DDHH #ElSalvador pic.twitter.com/a7q4Uuwn9Z
— Tutela Legal MaríaJH (@TutelaLegalMJH) April 29, 2022
“Con ésto se evidencia la perpetración de ésta masacre, de más de 600 personas, que fue cometida por el Ejercito de El Salvador, y de Honduras. Y ésto es muestra de que ésta masacre existió, y que se realizó como una operación sistemática del Estado, en contra de la población civil, en el operativo de Tierra Arrazada”, indicó a la prensa el representante de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, en registros fotográficos.
La Masacre
Más de 41 años han transcurrido desde que unas 600 personas fueron asesinadas. El hecho de sangre habría sido protagonizado por el Destacamento Militar Número 1, de la “Guardia Nacional, Coronel Ricardo Augusto Peña Arbaiza; al Coronel Eugenio Vides Casanova y al Doceavo Batallón de Infantería Santa Rosa de Copán, de Honduras”, según lo denuncian familiares y correlativos de las víctimas, en el proceso judicial que se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de Chalatenango, desde el año 1992.
El escenario de la masacre es el “Río Sumpul, al lado del caserío de Las Aradas (Chalatenango)”. La zona de ataque corresponde a la entonces zona custodiada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que no intervino tras el asalto, por lo que fue denunciada por el Presbiterio y las Religiosas de la Arquidiócesis Hondureña de Santa Rosa de Copán, en Julio de 1980.
María Rudesina Mejía acompañó a las autoridades, en el proceso de exhumación de los que en su vida fueron su familia. Recuerda haber sido testigo de los hechos de sangre, y víctima de persecución de las autoridades, que representaban una amenaza mortal. Declaró a la prensa ser una “sobreviviente de la Masacre”.
“En dónde tenía que salvarse, yo me crucé del río; y, en realidad, yo no sé ni cómo me crucé el río. Pero, había un niño que se agarró de mí; y yo no doy razón si a ese niño se lo llevó el Sumpul, o sobrevivió. Pero lo más seguro es que se ahogó, porque era un niño chiquito el que venía. Y en aquella agonía de salvarnos, yo no le agarré la mano, sino que él se agarró de mí; y jamás supe yo quién era”, testificó a la prensa.
El hecho de sangre representa uno entre las más de 23 denuncias presentadas ante la Comisión de la Verdad; y, por su gravedad, sobresale como oros 32 casos “ejemplarizantes de patrones de violencia”, perpetrados por las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), los Escuadrones de la Muerte y la insurgencia representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Memoria a las víctimas
La capilla “Jesús Liberador” albergó los restos de los difuntos, y a las familias dolientes. Honraron su memoria con una ceremonia fúnebre, para después darles Santa Sepultura. Los restos de las seis víctimas se identificaban por sus nombres: “José Bruno Alas Orellana; Juan de Dios Mejía Alfaro; Alfonso Mejía Alfaro; Sebastian Ortiz Mena; José Antonio Palama Delgado y José Israel Orellana”,
Sin embargo, María Mejía declaró sus inconformidades a la prensa. En su memoria alberga a los que en su vida fueron sus parientes; pero rechaza que los hechos sean negados, como los han hecho algunos de sus victimarios a lo largo de cuatro décadas.
Familiares de víctimas de la Masacre del Río Sumpul realizan misa de agradecimiento y en memoria de las personas asesinadas en la masacre, que hoy 42 años después, han recibido las primeras osamentas producto de las exhumaciones #DDHH #ProhibidoOlvidar pic.twitter.com/A7AoH4fEvV
— Tutela Legal MaríaJH (@TutelaLegalMJH) April 29, 2022
“Yo soy sobreviviendo de la Masacre de las Aradas. Yo presencié. Y, por eso, cuando dicen que es una mentira, yo presencié la Masacre de las Aradas. Mis ojos han visto eso. Soy sobreviviente de esa masacre”, expresó a la prensa.
ContraPunto ha testificado cómo algunos ex-militares de las Fuerzas Armadas han rechazado el proceso judicial que se ventila en contra de imputados de hechos como la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños. También ha documentado la resistencia de las autoridades de justicia en la entrega de archivo militares que constatarían los registros de planificación y contabilidad de las víctimas.
En última instancia, ha sido el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha sostenido que no existen mayores archivos militares a los que entregó a las autoridades del Juzgado de Sentencia de Francisco Gotera. También compartió su rechazo a la Firma de los Acuerdos de Paz, sosteniendo que son una “burla a las víctimas” del Conflicto Armado, que dejó un saldo mayor a las 75,000 víctimas mortales; y más de 15 mil personas declaradas como desaparecidas.
Ayer en El Mozote, hablamos sobre la guerra y la supuesta paz… pic.twitter.com/97sQQe7FgF
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 19, 2020
El presidente salvadoreño no ha negado los hechos, ni a las víctimas. Si bien, el presidente define que “la guerra fue una farsa”, reafirma la versión oficial sobre las víctimas: “mataron más de 75 mil personas entre los 2 bandos, incluyendo a los mil de El Mozote, y fue una farsa, como los acuerdos de paz”. Reiteró que “fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”; por lo que “negociaron para ellos”.
Hay que hacer notar que el número de víctimas asesinadas tras la guerra civil contrasta con los más de 1,5 millones de homicidios confirmados por las autoridades, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Y también que los informes de la Comisión de la Verdad han anunciado incumplimientos reiterados por los gobiernos que tomaron el poder a lo largo de 31 años. Incluido el gobierno de Bukele, se caracteriza por elevar al doble el número de efectivos militares; pero, con ello, contraer el número de homicidios a más del 50%, desde el inicio de su quinquenio.
