Más de 200 denuncias por trata de personas hasta 2018

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Las cifras no reflejan la magnitud del problema, denunciaron las organizaciones. Hasta los niños que cobran renta son considerados ví­ctimas de trata.

Ofertas de trabajo que terminaron en explotación, adopciones fuera del marco legal, niños que son enviados a cobrar extorsión y migrantes que regresan sin uno de sus órganos. La trata de personas, dentro y fuera del territorio, es el segundo negocio más lucrativo del mundo después del narcotráfico.

La trata de personas, además, esconde una enorme cifra oculta, pues las ví­ctimas pocas veces logran reunir el valor y los grupos de apoyo para poder denunciar a sus captores.

En El Salvador, la Policí­a Nacional Civil registró 211 casos de trata entre 2014 y 2018. Sin embargo, de esa cantidad, 72 pasaron a sede judicial y 10 llegaron a una condena, según Mirna Argueta, del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.

El más frecuente es el de explotación sexual, con 149 denuncias en el perí­odo mencionado. Están casos de adopciones fraudulentas, matrimonio forzado, unión forzada, mendicidad forzada, trabajos forzados, tráfico de órganos, servidumbre y una categorí­a sin determinar. En esta última, por ejemplo, los familiares denuncian los casos en que grupos criminales obligan a niños desde seis años a cobrar extorsión, o a vigilar en una zona para avisar si llegan las autoridades.

Desde 2015, en El Salvador está vigente la Ley Especial contra la Trata de Personas. En el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) está la oficina de atención para ví­ctimas de este crimen. Sin embargo, el Observatorio denunció que todaví­a no se ha creado el sistema de información que contemplan esta ley y su reglamento.  

Todaví­a hay muchos desafí­os relacionados, también, con los estragos que deja este delito. “El Estado está obligado a atender a la ví­ctima desde el momento en que ha sido captada”, manifestó Argueta. Organizaciones como ORMUSA, la Red RAMÁ, la Universidad Panamericana y Save The Children, entre otras, exigen que el Estado trabaje para restituir los derechos perdidos de las ví­ctimas de trata: su seguridad, su salud, educación y vivienda, entre otros.

Patricia Portillo, de ORMUSA, señaló que las denuncias se pueden hacer en la Policí­a Nacional Civil o en la Fiscalí­a. Sin embargo, frente a las dudas, las personas que tengan sospechas de que se está cometiendo este delito pueden acercarse también a las organizaciones o al ISDEMU y los equipos de abogados  podrán dar la asesorí­a que necesitan. “Hay que informarse”, insistió Portillo.

En cuanto a la prevención, Argueta fue muy enfática en advertir que hay muchas señales para ponerse en alerta y lo importante es hablar con familiares, o con el cí­rculo de confianza, cuando se tienen sospechas de un engaño. Trabajos para jovencitas atractivas, de edecanes, de meseras, modelos, reuniones de trabajo en centros comerciales. “Una situación que genera bastante vulnerabilidad entre los jóvenes son las redes sociales”, enfatizó Argueta.

Las expertas de las organizaciones mencionaron casos de trabajos forzados en los que los criminales se aprovecharon de la extrema necesidad de las ví­ctimas por tener una fuente de ingresos. También relataron casos en los que sujetos sin identificar se paran frente a escuelas exclusivas para niñas a tomarles fotos a la hora de la salida. En todos estos casos, las denuncias de familiares son fundamentales.

Carmela Gibaja, de la Red RAMÁ, señaló que “la trata de personas, después de la venta de drogas, es el segundo negocio más lucrativo en el mundo” pues mueve un estimado de US$32,000 millones a través de redes criminales locales, regionales e internacionales. Según Gibaja, la ONU registró 12 millones de ví­ctimas de trata en 2018, de las cuales, el 70 % son niñas, adolescentes y mujeres. De ese mismo total, tres de cada 10 son menores de edad.

Desde 2013 se estableció el 30 de julio como el Dí­a Mundial contra la Trata de Personas.

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Redacción ContraPunto
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