En estos momentos del país, las aguas tibias no pueden ser válidas. La tensión y la confrontación entre los actores populares y los grupos de poder sigue escalando niveles que imposibilita ocultar los rostros de sus miembros activos. Así lo demostró el líder social Josué Castellanos, cuya sangre corrió en la tarde del 05 de marzo a manos de paramilitares, cuando en la mañana del mismo día la emisora nacional Caracol Radio, a través de dos periodistas que estigmatizaron al movimiento social del departamento de Arauca como la “parte legal” de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (1).
Indignación y rabia se respira en los territorios por la ejecución del brazo paramilitar del Estado, que ante las denuncias y destierros de las comunidades, continúa utilizando a estos grupos armados funcionales a los ricos. Pero la doctrina anti-subversiva del Estado colombiano trasciende sus instituciones, también lo apropian las empresas privadas de información cuyos referentes de opinión son el mejor ejemplo de sicarios mediáticos. Ya sea por la radio, la columna de opinión, el vlog o el trino, sus palabras siguen reproduciendo la estrategia de imponer las ideas que legitimen la guerra sucia estatal contra las comunidades.
Cambian los nombres, los rostros, los contextos. Por aquí han desfilado los conservadores, la mano negra, el grupo Muerte A Secuestradores, las autodefensas y ahora las “disidencias” de las exfarcep (y prontamente conoceremos a las brigadas de seguridad impulsados por el gremio ganadero) (2). Pero quienes no han cambiado tanto en nombres y editoriales han sido las empresas mediáticas como Caracol, RCN, Revista Semana, El Tiempo por dar algunos ejemplos; sus mensajes, ideas y argumentos continúan sin cambios a lo largo de los gobiernos nacionales y de las políticas privatizadoras del régimen político colombiano vigente. Tal vez han desfilado periodistas y referentes de opinión a lo largo de su historia, pero las ideas oligarcas siguen siendo disparadas a la mente y corazón de sus públicos urbanos, principalmente hoy en día.
Personajes como Diana Saray Giraldo, Vicky Dávila, Gustavo Gómez, Luis Carlos Vélez entre muchos/as otros/as se salvaguardan en la “libertad de prensa”, de “libertad de expresión”, promulgan la “prensa libre” como parte de un supuesto control político contra los gobiernos nacionales y el Estado, autorefiriendose como protectores de la democracia. Si estoy de acuerdo con esto último, pues defienden la democracia hecha por los ricos para beneficiar sus oligopolios y en la que desaparecen a los opositores de esos intereses de clase.
El asesinato de Josué no fue porque Diana Saray “diera la orden”, ni porque ella tuviera control sobre el grupo paramilitar que disparó, el papel de la “periodista” es complejo, pero no invisible. En la persecución vigente de Estado-ricos-multinacionales contra las comunidades opositoras a sus intereses, se requiere que los públicos piensen “oiga si, si lo mataron fue por algo”, reemplazando la labor social de la víctima, la propuesta de sociedad que encarna, las exigencias de la comunidad contra el abandono estatal y robo privado-multinacional en el territorio, por una falsa imagen de “ser responsable de su propia muerte”. Con esto se logra una cultura mafiosa entre las personas que aceptarán la existencia de los grupos armados legales-ilegales del Estado.
Así que indirectamente, este tipo de “periodistas” están ayudando a las multinacionales que roban los bienes naturales, ayudan a las mafias narcotraficantes locales y extranjeras, ayudan a los intereses de los ricos (algunos son sus contratantes) y también son un apoyo indirecto al Estado que se encarga de que los anteriores actores satisfagan sus planes.
Con la actuación de estos “periodistas” en diferentes coyunturas de movilización social, de negociaciones de paz y ahora dentro del primer gobierno progre en Colombia, se expone su verdadera naturaleza de ser funcionales a los grupos de poder que gobiernan bajo la mesa al país. Esta gente no cambiará siempre y cuando sus privilegios desaparezcan, pero con exigencias al revisionismo de las instituciones encargadas de “proteger a los ciudadanos”, o con exigencias al gobierno nacional para que “proteja realmente” a las personas amenazadas por actores armados tampoco se resolverá este complejo conflicto. No basta con publicar comunicados.
Tampoco tengo una respuesta ni una formula salvadora, pero el Estallido social, el Paro de 1977, los paros campesinos y otras jornadas más de movilización social dieron luces de como exponer y enfrentar a los enemigos de la vida digna.
NOTAS:
