Hace unos días Chile vivió un hito histórico. El plebiscito para consultar sobre la redacción de una nueva Constitución tuvo los ingredientes necesarios para alcanzar dicho rótulo. Hace rato que no se veían filas interminables para ejercer el derecho a voto. Hace tiempo que no se veía esa efervescencia republicana desbordada, especialmente de los jóvenes que habitualmente se restaban de este tipo de instancias. Chile habló y lo hizo con fuerza. Pese a la crisis sanitaria ligada al Covid-19, el 50.86% del padrón electoral (cerca de 7.5 millones) asistió presencialmente a los lugares de votación. La opción “apruebo” a una nueva constitución fue rotundamente vencedora con un 78,26%, por sobre la opción del rechazo que obtuvo un 21.73%. Sólo en cinco comunas de Chile ganó la opción rechazo. En la Región Metropolitana, donde existe la mayor cantidad de habitantes, el rechazo se alzó en las tres comunas donde se concentra el mayor poder económico (no sólo de la región, sino de Chile); Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. En mensaje está más que claro; a la oligarquía y a la elite le venía bien la actual constitución que le hacía preservar sus privilegios y garantías económicas.
Respecto al organismo que elaborará la nueva carta magna, la opción Convención Constitucional (también conocida como Asamblea Constituyente) fue la que se impuso con un 78.99%. A su vez, la alternativa de la convención mixta, mitad ciudadanía y mitad parlamentarios, se quedó con un escueto 21.01%. Otro mensaje claro; esta constitución la hacen las y los ciudadanos.
El proceso constituyente estructuralmente debe hacer una sinergia. Un proceso incluyente muy amplio, con mecanismos para recoger opiniones y construir puentes entre la ciudadanía y los partidos políticos. Las democracias requieren partidos políticos y organismos que medien entre las preferencias y las ideas políticas que tiene la ciudadanía en el contexto de la toma de decisiones. Es necesario construir una sociedad pluralista sobre la base de ideologías que tengan como horizonte la justicia social. En otras palabras, que empareje la cancha para todos. Otra tarea importante es plasmar el parecer de las regiones apuntando a un concepto que se habla mucho, pero que, sin embargo, se practica poco: La descentralización. Esto, ya que se desliza la posibilidad que la carta magna, que tendrá un tiempo de redacción de 12 meses, sería elaborado en Santiago, específicamente en el ex Congreso Nacional. Sin duda, las “señales” en este sentido son relevantes.
Más allá de las tareas que se proyectan, se comienza a construir una constitución hecha en democracia y con participación ciudadana, dejando a atrás uno de los grandes legados de la dictadura de Pinochet. Se abre la ilusión de un Chile más justo, inclusivo y solidario con los recursos. No en vano se proyecta una cuota del 50% de participación de mujeres y del 25% de pueblos originarios. El movimiento feminista ha sido la punta de lanza de las manifestaciones sociales, empujando a la clase política y encontrando aliadas a objeto de abrir paso a una constitución con perspectiva de género. Muchos aspectos serán excepcionales pero un gran hito para el mundo es que el órgano constituyente tendrá la responsabilidad de gestar la nueva constitución paritaria. Existe experiencia comparada como Ecuador y Túnez, que incorporan la paridad en las listas electorales y alcanzaron el 30%. La apuesta de Chile es “asegurar entre un 45% a un 55%” que las componentes sean mujeres, aspecto que lo sostiene un estudio de la Decano de Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (de Chile) Miriam Henríquez. Esto abre un nuevo constructo ideológico para nuestro país.
Para entender el presente hay que ver el pasado. Los cambios que se están observando en Chile son producto del fervor ciudadano de los últimos años. Chile con esto inicia un nuevo ciclo político una nueva democracia, la que hay que ver y seguir con atención. Lo claro es que, como dijo alguien por ahí, “la historia la hacen los pueblos”.