Los magistrados que integran Corte Plena, el ente rector del Órgano Judicial, comenzaron a revisar este martes el informe de probidad del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2009-2014), quien también ejerció como vicemandatario (2009-2014).
Leonardo Ramírez, magistrado en la Sala de lo Penal, comentó durante la entrevista con Canal 33 que “ayer se inició la discusión del caso Salvador Sánchez Cerén y está próximo a ingresar -le sigue- el del señor (Óscar) Ortiz (vicepresidente durante el período 2014-2019)”.
En la Sección de Probidad, un grupo de expertos estudia la información sobre los ingresos y gastos de quienes han ocupado cargos en el Gobierno. Si dentro del análisis hay datos que levantan sospechas, entonces en Corte Plena votan para enviar el caso del exfuncionario a los tribunales, o para archivarlo y que no pase a más.
En el caso de Sánchez Cerén, los magistrados todavía no han decidido si habrá que moverlo a los tribunales o archivarlo. De hecho, el período que están estudiando es el de la vicepresidencia, cuando Sánchez fue también ministro de Educación ad honorem. Entonces, era la gestión del expresidente Mauricio Funes, ahora prófugo de la justicia en Nicaragua.
Ramírez explicó que en Probidad tienen “seis casos que están en línea para que Corte Plena conozca”. Entre algunos informes que están en análisis, Ramírez habló de exmagistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Argí¼ello Téllez y el del exdirector del instituto de pensiones de la Fuerza Armada, Noé Orlando González.
Uno de los casos recientes que pasó a la etapa de juicio por enriquecimiento ilícito es el del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. En 2006, Reyes declaró un patrimonio de US$180,800. Al finalizar tres períodos en el Legislativo, su patrimonio había incrementado a US$628,088.
La clave para Probidad es la declaración del patrimonio. Debe entregarse cuando se inicia un cargo en el Gobierno, y luego cuando termina. El Diario de Hoy publicó un artículo donde mostraban que había un grupo de funcionarios del gobierno actual, bajo el mandato de Nayib Bukele, que no han presentado su declaración y ya venció el período para que lo hagan. Otros todavía están a tiempo de hacerlo.
En este contexto, el magistrado de la Sala de lo Penal comentó que un grupo de magistrados está promoviendo reformas a estos procesos, para que los exempleados públicos no se atengan a que las sanciones son muy blandas. Ramírez detalló que, por ejemplo, si un funcionario que acaba de comenzar no presenta su declaración de patrimonio, “se pondrá en conocimiento a la Fiscalía (General de la República) para que ellos inicien un proceso penal”. Lo ideal, dijo, es “que deje el cargo, como consecuencia de la irresponsabilidad”. Para quienes no lo hagan al cierre, la propuesta es que sea motivo suficiente para que la Corte abra un proceso de investigación de manera automática.
Abogadas plantean mejoras a estos procesos
Tahnya Pastor, abogada, dijo en el mismo espacio de entrevista que el candado que pone la Constitución a las investigaciones por corrupción debe cambiar. “Hay que perderle miedo a reformar la Constitución”, manifestó. El artículo 240 limita a 10 años el período válido para investigar este tipo de delitos: “es totalmente absurdo”, insistió la letrada.
Por otro lado, explicó que en la sección de Probidad “se realizan operaciones matemáticas”¦ Si cu cuadran, ya no hay proceso”, detalló. También criticó que en las instituciones apenas y hay proactividad para indagar en la veracidad de la información que los exfuncionarios presentan.
Mientras que Érika Saldaña, también abogada, mencionó que “el irrespeto a la separación de poderes ha estado en nuestro ambiente desde hace décadas” y que eso también obstaculiza el desempeño de los magistrados para lograr disensos, por ejemplo.
Saldaña también detalló que, entre los criterios que se toman en cuenta para evacuar casos en Probidad incluye la proximidad de la prescripción y la relevancia que tiene para la sociedad.
