El expresidente Funes no ha corrompido el Estado. El afán mediático, en su grandilocuencia, lleva a hacer afirmaciones sin fundamento. Ese demérito no le corresponde a Funes. El Estado salvadoreño es corrupto desde mucho antes de su presidencia. La corrupción se remonta a los Gobiernos del PCN o de “las manitas”, ahora aliado de Arena. En esa época, los coroneles “bien portados” eran premiados con la jefatura de una autónoma, pero solo por unos pocos años, los suficientes para “componerse” moderadamente.
Durante la guerra, una nueva generación de oficiales se adjudicó una buena cantidad del financiamiento estadounidense. Los coroneles inflaron la planilla de soldados en activo y traficaron con drogas y armas en Ilopango. Arena ganó su primera elección presidencial a costa de la corrupción de la democracia cristiana de Duarte, que, a decir verdad, no era tan abultada como la propaganda electoral hizo creer. En el acaloramiento del debate legislativo, el presidente demócrata cristiano respondió a Arena que había robado, pero que sus manos no estaban manchadas de sangre.
La corrupción del primer Gobierno de Arena adquirió tal volumen que hizo palidecer la deshonestidad de la democracia cristiana. La privatización, en particular la de la banca, fue un festín para la alta dirigencia de Arena, más aún para Alfredo Cristiani. Desde entonces, cada Gobierno ha superado al anterior en fraude y corrupción. Casa Presidencial, a través de la llamada partida secreta, y los altos funcionarios, a través de las licitaciones y los contratos. Todo ello con la complicidad activa del sector privado nacional y extranjero. No solo los militares, también los políticos y la empresa privada son responsables del saqueo sistemático del Estado. También lo son las instancias encargadas de vigilar sus finanzas; en particular, la Corte de Cuentas y la sociedad, que han callado complacientemente mientras aquellos desvalijaban la hacienda pública.
Los desmanes de Mauricio Funes y sus socios no son más que la consecuencia de concebir el Estado como un botín, de la inanidad de una institucionalidad desinteresada en la buena administración del dinero público y de la impasibilidad de los políticos y la sociedad. Muchos sabían lo que ocurría en la presidencia de Funes, y en las otras, pero guardaron silencio. En ese sentido, tal vez lo más sorprendente de aquel no sea tanto la cantidad defraudada, similar a la de Saca, sino el descaro, prueba de su total confianza en la impunidad. Por eso, el FMLN debiera ser más cauteloso. Si como asegura nunca “ha tolerado y no tolera” la corrupción, por qué permitió que Funes y sus socios dispusieran a su antojo del dinero público, por qué aplaudió su huida, por qué la Policía (bajo el mando directo del Presidente) no ha capturado a la mayoría de los imputados por la Fiscalía, por qué ha nombrado embajador en México a uno de los principales responsables de lo ocurrido, cómo explica que sus altos dirigentes confundan la defensa y la promoción de la mujer con la responsabilidad penal. Y si desconocía las operaciones de Funes, el FMLN no está preparado para gobernar.
En medio de tanta torpeza política, el FMLN acierta al solicitar que la justicia “actúe en el estricto marco del derecho, con pruebas contundentes sin basarse en indicios y especulaciones, y mucho menos en juicio mediático o político”. Pero se equivoca al exigirlo solo para Funes y sus socios, y no para todos los ciudadanos. Sus funcionarios hacen con estos exactamente lo contrario. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho. Si la ex primera dama debe ser exonerada de culpa por su encomiable trabajo a favor de la mujer, cualquier ciudadano con méritos también debe ser exonerado de la misma manera.
Al finalizar su segundo Gobierno, el FMLN todavía no da muestras de haber comprendido la institucionalidad. Arena tampoco la respeta. Es cierto que ha perdido perdón por los errores cometidos, pero no se atreve a identificarlos. Si la vergüenza y el arrepentimiento fueran reales, al menos debieran conducirlo a reconocer los más graves. En esto, es igual que el FMLN, que también ha pedido un perdón genérico, con pocas señales de arrepentimiento y sin ninguna vergüenza. Las dos dirigencias se lavan las manos y descargan toda la responsabilidad del saqueo en los acusados. Por esa razón hablan de construir el futuro de espaldas al pasado. Algo imposible, porque este determina el presente y el futuro. Cómo puede Arena olvidarse de los diez millones de Flores y del saqueo de Saca, muy similar al de Funes. Muchos de los que contribuyeron a hacerlo posible figuran en puestos de mando.
De todas maneras, puestos a “cambiar la manera de hacer política”, algo en lo que Arena dice estar empeñado, el partido debe utilizar su mayoría legislativa para suprimir, de una vez por todas, la partida secreta e introducir los gastos de inteligencia y seguridad del Estado en el presupuesto nacional, tal como acostumbra la mayoría de países.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero (UCA).