Finalizado hace 25 años el conflicto armado que asoló a nuestro país por una década, el Estado salvadoreño, bajo el gobierno de Alfredo Cristiani, se comprometió a cumplir ciertas obligaciones entre las cuales está la concerniente a los desmovilizados y excombatientes de ambos bandos, quienes en su mayoría fueron sustraídos por la fuerza de sus comunidades y familias, arruinados sus proyectos de vida, los cuales dejaron de concretar.
A estos se los obligó, luego de una formación superficial en la mayoría de casos, a la lucha en nuestras serranías y campos, donde sus personalidades se degeneraron, provocando en éstas conductas aberradas y psicópatas, que se cebó en actos criminales hacia el entorno que los ubico en tal posición.
Hacia el final del conflicto los más de estos fueron lanzados a la calle, y rescindidas las obligaciones hacia ellos sin apenas ofrecerles medios de subsistencia o reorientación que les permitiera recuperar sus vidas, haciendo caso omiso la administración Cristiani de lo urgido en los convenios entre las partes del conflicto, así como los mediadores, para recuperar a aquella generación aún joven, pero además marcada por la guerra, a quienes el estado les dio la espalda, pero siguió utilizando, política y electoreramente, cuando le convino, manipulando a las dirigencias de las asociaciones de desmovilizados, que aspirando legítimamente a una justa indemnización por el obligado servicio prestado, así como a pensiones, educación, tierras y atención médico hospitalaria, realizó acciones de presión en las calles, pero conviniendo servir con sus votos la elección del ex presidente Flores, por mediación realizada por el entonces presidente Calderón Sol, quién públicamente admitió la compra de votos de éste sector, disfrazando aquella con el discurso del beneficio orientado a dignificar a los “”¦olvidados del conflicto”¦”, lo que es una tácita admisión de que tanto su administración como la del señor Cristiani hicieron apenas nada por cumplir aquellas obligaciones.
Aquella generación y en apenas 25 años está llegando a su fin, pues las enfermedades crónicas, el alcoholismo, los prejuicios sociales, la carencia de formación técnica, etcétera, le ha permitido a la práctica mayoría, acceso solo a trabajos mal remunerados, sin seguridad social o prestaciones de ley, dado que los bajos niveles académicos los coloca en esa posición, por lo que la mayoría no ha visto concretados los beneficios que aquellos convenios prometieron. En éste sentido la presente administración genera el decreto presidencial número 19, orientado a atender las obligaciones que en el decreto legislativo 187 se describen de parte del estado salvadoreño para con éste segmento olvidado de la población, que sin embargo tampoco asume, puesto que la legislación en cuestión carece los compromisos mínimos, a decir, fechas o calendario de cumplimiento de los compromisos, o fuente de financiación para los mismos, por lo que no deja de ser un insumo también electoral que carece de los “dientes” que aseguren el cumplimiento de los beneficios para la población en cuestión; por lo que aquella deuda parece ser que seguirá siendo una deuda, y su cumplimiento, una llana aspiración.
