El alto comisionado de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos, Zeid Ra”™ad Al Hussein, expresó tras su visita a El Salvador que se sentía “horrorizado” de los resultados de la prohibición absoluta del aborto en el país, exponiendo que las mujeres están siendo “castigadas por abortos espontáneos y otros emergencias obstétricas” y ser “acusadas y condenadas por haberse inducido la terminación del embarazo”.
En su visita al país, el diplomático sostuvo reuniones con organizaciones defensoras de derechos humanos y sociedad civil.
Para la representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Sara García, es importante que la máxima autoridad en derechos humanos haya puesto en la agenda pública nuevamente las consecuencias de la penalización absoluta del aborto.
Al Hussein visitó el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, en las afueras de San Salvador, y manifestó que tuvo el privilegio de hablar con mujeres que fueron condenadas por “homicidio agravado”, relacionadas con emergencias obstétricas y que “están cumpliendo una condena de 30 años en prisión”.
Según una investigación realizada por la Agrupación Ciudadana denominada “Del Hospital a la Cárcel”, el origen de las mujeres que están en prisión cumpliendo condenas es humilde y de escasos recursos económicos, por lo que hicieron uso de los servicios de salud pública cuando enfrentaron problemas obstétricos, situación que percibió en Cárcel de Mujeres el Alto Comisionado.
En su declaración final, el mandatario incluyó la petición al Estado de “revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del debido proceso y estándares de juicios justos”.
Por su parte, García aseguró que están a la espera de que estas y todas las recomendaciones que El Salvador ha recibido en materia de derechos humanos de las mujeres sean tomadas en cuenta por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Además agregó que la penalización absoluta del aborto ha causado graves consecuencias en la vida y la salud de las mujeres, por la imposibilidad de interrumpir un embarazo, dejando a sus hijos en desamparo.
Además, la Agrupación Ciudadana insistió en que el país debe cumplir con los tratados internacionales que ha ratificado y debe revisar la ley, tal como lo recomendó el diplomático, y tomar en cuenta las “recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres”.
