La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, recibió mandato para elaborar “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de derechos en Nicaragua”, que deberá ser presentado en septiembre próximo, cuando hayan concluido las negociaciones actualmente en curso, entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la oposición.
De este modo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pone desde Ginebra un mecanismo de control a la revolución sandinista, como sucediera oportunamente con sus homologas de Cuba y Venezuela, todos sistemas con tendencia al partido único, recibidos por el júbilo popular en sus inicios, avasallados finalmente por la represión estatal.
Compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto del parlamento de la ONU, la Asamblea General, según una repartición proporcional por regiones del planeta que se renueva anualmente, éste Consejo alberga actualmente 8 Estados latinoamericanos y del Caribe, de los cuales 7 le bajaron el pulgar a Nicaragua, los cuales son: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Solo se opuso Cuba, con su indescifrable calificativo cuando está en desacuerdo, de catalogar las resoluciones de “sesgadas”. El texto fue aprobado por 23 votos a favor, 21 abstenciones y 3 en contra. A Cuba la acompañaron las dictaduras de Egipto y Eritrea.
El inusitado número de abstenciones africanas y asiáticas, tal vez se debieron al gesto del gobierno Ortega-Murrillo, que en la víspera anunció la liberación de todos los presos políticos en un plazo de 90 días, supervisado por la Cruz Roja Internacional (CICR). En ese lapso deberían ponerse en marcha los acuerdos que se vayan forjando entre el poder y la oposición (reforma electoral, fortalecimiento de la democracia, llamado a suspender las sanciones, más verdad, justicia, reparación y no repetición). El informe que se le pide a Michelle Bachelet para septiembre del 2019 tendría que reflejar que Nicaragua salió del atolladero, se empantanó o volvió para atrás.
El documento aprobado hoy por la ONU es inclemente con lo que viene sucediendo en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos paramilitares armados, así como denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, torturas y actos de violencia sexual y de generó”, bajo responsabilidad del matrimonio presidencial.
A lo anterior se añade “el cierre de medios de comunicación independientes y la cancelación del registro de varias organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de sus activos y bienes, dirigidas en particular contra los defensores de los derechos humanos, y por las denuncias de actos de intimidación y represalias”.
La resolución reclama al gobierno el respeto de “la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial” y de “las debidas garantías procesales” de las personas privadas de libertad, cuyas condiciones de reclusión “se ajusten a sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”.
Además lamenta que el régimen anulara “la invitación cursada” a Michelle Bachelet “para visitar Nicaragua”, al igual para con el “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y retirar la invitación cursada al Mecanismo Especial de Seguimiento. Ambos pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
