Las procuradurías de derechos humanos, comunidades y organizaciones sociales guatemaltecas y salvadoreñas se reúnen para generar una alianza estratégica con el propósito de frenar el proyecto minero Cerro Blanco que contaminará las aguas transfronterizas de ambos países centroamericanos, señala Miriam Raquel Chávez, procuradora adjunta de medio ambiente de Guatemala.
“Las personas presentes en esta reunión son categóricos en decir que no quieren la mina Cerro Blanco en Jutiapa, porque es perjudicial. Tanto El Salvador y Guatemala están unificando esfuerzos de resistencia en este sentido y no podemos quedarnos aislados en esta causa”, indicó Chávez.
La empresa transnacional BlueStone Resources Inc. pretende iniciar la explotación del proyecto minero en el Cerro Blanco en el año 2019, pero se encontrará con la resistencia de la población a pesar que tenga consecuencias legales, manifestó Julio González, representante del Colectivo Madre Selva de Guatemala.
“Es un proyecto fallido y no van a poder lograrlo. La oposición que los pueblos pongamos puede generar una demanda millonaria contra el Estado guatemalteco. Eso no es justo y algo que tienen que saber nuestros pueblos es que no estamos dispuestos a ceder nuestros territorios a la extracción minera”, concluyó González.
Ante esta amenaza binacional, las procuradurías de ambos países se suman a la causa de defender los derechos humanos frente a un proyecto extractivista que puede generar graves daños a la salud y al medio ambiente de las poblaciones, advirtió Milagro Guevara, procuradora adjunta de medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador.
“Es preciso abordar esta problemática que persiste para los dos pueblos en esta zona transfronteriza, porque nos preocupa la protección de la vida de nuestros habitantes, a pesar que tengamos la prohibición de la minería en El Salvador, nuestras aguas transfronterizas se ven amenazadas”, explicó Guevara.
La mina Cerro Blanco es un proyecto fallido y desastroso, aseguró Vidalina Morales, ambientalista salvadoreña.
“Este proyecto minero es un parto muerto, nace sin vida, porque después de 18 años la empresa minera insiste en continuar con el proyecto a pesar que tiene graves falencias y una fuerte oposición social. Solo están especulando en esta situación”, declaró Morales.
Además, organizaciones sociales de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), que apoyan a las comunidades en resistencia a este proyecto, a ambos lados de la frontera, afirman que causará impactos ambientales y sociales a consecuencia de la contaminación del río Ostúa que desemboca en el Lago de Gí¼ija, y que abastece al río Lempa, la principal fuente de agua para tres países centroamericanos.
