Dentro de pocos días se cumplirán los primeros cuatro años de existencia de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, más conocida por sus siglas como la MACCIH. Fruto de la presión popular, vía las multitudinarias marchas de las antorchas, y resultado de difíciles y prolongadas negociaciones tanto en Tegucigalpa como en Washington, la MACCIH surgió finalmente como un producto intermedio, algo así como una instancia transicional entre lo que demandaba la gente en la calle, lo que proponía la OEA y lo que aceptaba y permitía el gobierno hondureño. Finalmente, luego de azarosas pláticas e incómodas controversias, la institución mencionada inició su vida funcional el 16 de enero del año 2016.
Una vez firmado el convenio que le dio origen, la MACCIH, conducida por el jurista y diplomático peruano Juan Jiménez Mayor, inició el proceso de instalación institucional y la formación del equipo de profesionales que habrían de conformarla. A partir de ese momento, es factible distinguir al menos tres etapas diferenciadas en el desarrollo y consolidación de la organización internacional.
La primera fase puede ser identificada plenamente con la gestión del doctor Jiménez Mayor. Fue el inicio de la conformación gradual de un sistema integral de anticorrupción, que debería hacer el contrapeso normativo al sistema de hipercorrupción prevaleciente en el país. Poco a poco, eslabón tras eslabón, Jiménez y su equipo fueron construyendo la nueva plataforma anticorrupción, creando tribunales especiales con jurisdicción nacional, certificando jueces debidamente calificados para dirigirlos, y promoviendo la instalación de una unidad especial de fiscales anticorrupción al interior del Ministerio Público. Al mismo tiempo, gestionaban la reforma o derogación de cierta legislación vigente (Ley de secretos oficiales, por ejemplo) y la aprobación de nuevas e importantes leyes como la de colaboración eficaz que, lamentablemente, todavía está oculta en los archivos del Congreso Nacional.
A medida que avanzaban en la consolidación de la nueva plataforma normativa contra la corrupción, Jiménez y sus colaboradores iban generando resistencias y animadversión beligerante en los círculos políticos corruptos de la sociedad hondureña. Utilizando habilidosamente el concepto de “colaboración activa”, contenido en el texto del convenio de creación de la MACCIH, superaron la visión reduccionista que relegaba la Misión a una función puramente de acompañamiento pasivo y capacitación jurídica. Y ahí comenzaron sus verdaderos problemas.
Una conspiración malsana entre el gobierno hondureño y la Secretaría General de la OEA, acabó forzando la renuncia de Jiménez y su salida del país. La MACCIH sufrió un primer y demoledor golpe bajo. Al mismo tiempo, comenzó la cruzada de los corruptos para blindar su sistema y protegerse con más impunidad.
La segunda fase en el desarrollo de la MACCIH comenzó con un interinato de transición institucional y el posterior nombramiento del jurista brasileño Luiz Guimaraes en el cargo que dejó vacante Jiménez. Este periodo se caracterizó por una cautela a veces desmedida y un tacto protocolario exagerado al momento de tratar a los corruptos locales. El escaso perfil mediático de Guimaraes solía confundirse con un silencio desesperante y con frecuencia malinterpretado. La MACCIH, sin quererlo, fue perdiendo buena parte del apoyo que muchas organizaciones de sociedad civil habían comenzado a concederle.
En la tercera etapa, una vez que Guimaraes, sin pena ni gloria, regresó vencido a su país de origen, volvió a imponerse el antiguo interinato, esta vez con más largo aliento y más prolongado en el tiempo. En esta fase, la MACCIH, conducida por la abogada peruana Ana Calderón, ha continuado la política de colaboración cercana y discreción calculada en su relación con la eficiente Unidad Fiscal Especial contra la impunidad y la corrupción, creada en el seno del Ministerio Público en la primera fase del desarrollo institucional de la MACCIH.
Como puede verse, la existencia de la MACCIH en estos cuatro años ha estado jalonada por momentos de ascenso y de parálisis, de avances y retrocesos, de triunfos y fracasos. No ha sido fácil su desarrollo y consolidación, tomando en cuenta su excesiva dependencia de las maniobras y triquiñuelas que se tejen en la sede de la OEA en Washington, junto a las zancadillas y abierto rechazo que con frecuencia se generan en el Estado hondureño. Y ahora, para colmo, desde el Congreso Nacional, los diputados que deben ser blancos de la investigación judicial, se quieren convertir en los jueces de sus propios investigadores. ¡Vaya ironía!