El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reafirmó este jueves que la Iglesia católica seguirá “luchando junto al pueblo” por la defensa del derecho humano al agua y para que este recurso "no sea administrado por la empresa privada".
"El problema del agua es un tema de nación que nos compete a todos, por eso esta iglesia seguirá luchando junto a su pueblo por la defensa de este recurso (…) No estamos politizando el tema, estamos apoyando a este pueblo tan sufrido que no quiere que el agua sea administrada por la empresa privada", manifestó el religioso en un conferencia de prensa.
Escobar Alas aseguró que el "pueblo salvadoreño ya está cansado de la falta de compromiso y voluntad para legislar sobre el agua de los diputados", quienes, según el prelado, "han dejado de lado que el país atraviesa un profundo deterioro medioambiental que provoca una crisis de agua".
"En una sola voz les pedimos (a los diputados) que aprueben la propuesta de Ley General de Aguas presentada en el 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente, que recoge los planteamientos del movimiento social para garantizar el derecho humano al agua y que este recurso se administre sin fines de lucro", señaló.
Además, el arzobispo instó a los diputados a que se incorpore la propuesta de "institucionalidad" presentada por la Universidad Centroamérica "José Simeón Cañas" (UCA), el Arzobispado de San Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en agosto de 2017, que plantea la creación de un ente público para la administración del recurso hídrico.
Escobar Alas brindó esta conferencia de prensa en la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, en donde feligreses, jerarcas de la Iglesia católica, sociedad civil y miembros de organizaciones sociales se concentraron para luego dirigirse a la Asamblea Legislativa.
La Iglesia católica prevé entregar a la Asamblea Legislativa más de 200.000 firmas "con las que la población se ha expresado para que se reconozca el agua como un derecho humano y para que escuche su clamor".
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.