El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló que el delito de extorsión se encuentra en “cifras negras”, debido a que existe temor y desconfianza de parte de las víctimas. Asimismo, reconoció que el pago de la renta a estructuras criminales ha sido un “desafío muy fuerte” en los años de mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según estimaciones del titular de seguridad, menos de la mitad de los casos de extorsión son conocidos por las autoridades.
“Estimamos que entre 40% a 50% de los casos de extorsión están siendo conocidos por la policía y son denunciados”, dijo el ministro.
Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) dijo a un periódico que cada semana al menos dos empresas cierran por las extorsiones y que la inseguridad es el principal problemas de los empresarios.
Ante esto, Landaverde expresó que el cierre de empresas es un problema “multicausal” y que no debe atribuirse totalmente al delito de la extorsión. Además, defendió el trabajo de las autoridades en cuanto al combate del delito.
“Hay una jurisdicción especializada de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR); también un combate muy fuerte que aporta resultados, operativos cada año que van mejorando. La cantidad de estructuras criminales capturadas y condenada por ese delito ha ido creciendo cada año”, mencionó el titular.
Según el ministro, el problema de extorsión se masificó y se convirtió en una fuente de ingresos económicos de estructurales criminales entre los años 2005-2006, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca.
En 2016, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó un estudio en donde indican que el 42% de las micro y pequeñas empresas del país han sido víctimas de extorsión. Asimismo, el estudio identificó que los negocios del área metropolitana de San Salvador son los más afectados.
