Una jueza negó el miércoles la pretensión de la fiscalía de cerrar el proceso penal que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, complicando así su caso y dejándolo abierto con posibilidad de que en un futuro sea llamado a juicio.
La fiscalía decidió no apelar el fallo ante un tribunal superior. Por lo tanto, se abren dos opciones para el organismo acusador: primero, volver a presentar una solicitud de preclusión con nuevas pruebas y argumentos más sólidos, o presentar el escrito de acusación, es decir, irse a juicio, según explicó a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
El inicio del proceso de Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se remonta al 2012 cuando demandó al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares de forma irregular para que declararan en contra del expresidente con el objetivo de vincularlo con la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, el proceso dio un giro cuando en el 2018 la Corte Suprema de Justicia cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos y, en cambio, abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si fue él quien presuntamente intentó manipular a testigos en contra de Cepeda.
La Corte imputó a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos y ordenó el arresto domiciliario del entonces senador por dos meses en el 2020, argumentando “posibles riesgos de obstrucción de la justicia” en el recaudo de pruebas. Sin embargo, Uribe renunció a su escaño en el Senado y con esto la Corte perdió competencia en su caso y trasladó el proceso a la fiscalía, que luego decidió no llamarlo a juicio, es decir, pedir que el proceso precluyera.
La decisión estaba en manos de una jueza, que el jueves emitió un fallo en una audiencia de doce horas, en la que argumentó por qué no acogió la mayoría de los argumentos de la fiscalía que pedía, al igual que la defensa y el ministerio público, terminar anticipadamente el proceso contra Uribe al no hallar “responsabilidad penal del procesado”.
La jueza cuestionó que la fiscalía no agotara la búsqueda de pruebas al no llamar a declarar a personas que podían ayudar a esclarecer partes del proceso. También cuestionó a la fiscalía cuando esta afirmó que había una certidumbre total en torno a que Uribe no tuvo ninguna participación como autor, coautor o cómplice en los presuntos delitos.
“El despacho encuentra que es posible afirmar razonablemente que el exsenador Uribe Vélez en extenso sentido intervino en los hechos”, dijo la jueza. Por ejemplo, cuestionó que no hubiese duda, según la fiscalía, de que Uribe fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas en las cárceles que hizo Diego Cadena, quien fuera su abogado, y que ahora enfrenta otro proceso por presunta manipulación de testigos.
El senador Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso, celebró en un mensaje de Twitter la decisión de la jueza: “Por primera vez, un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez”.
