Varios casos sobre detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada (FAES) suceden a diario en El Salvador contra jóvenes que no son mareros y no han cometido delitos. Así lo denunciaron enérgicamente representantes de la comunidad Santa Marta, Cabañas, al evidenciar un caso más de despotismo.
“Aquí es evidente que las autoridades pueden joderle la vida a una persona sin tener evidencia alguna de que esta ha cometido algún delito. Desgraciadamente aquí se inventan pruebas y se puede ir a la cárcel siendo inocente”, declaró el representante de la referida comunidad, Leonel Rivas.
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El caso por el que aboga Rivas, junto a otros ciudadanos, tuvo lugar en su comunidad el 25 de noviembre de 2016, momento en el que el joven José Bonilla junto a su primo, Manuel López, decidieron trasladar en su vehículo a una persona que se encontraba herida de bala hacia un hospital en Sensuntepeque.
Al llegar al nosocomio e internar al paciente, que posteriormente falleció, Bonilla y López fueron agredidos físicamente por tres elementos de la Policía, que procedieron “inmediatamente y sin mediar palabras” a la detención por supuesta participación en el homicidio de esa persona.
La comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria, sufrió los embates del conflicto armado en la década de los 80’s. Foto: Vladimir Chicas
“A José lo detuvieron injustamente por supuesta resistencia, tenencia y portación ilegal de arma de fuego; él no usa ningún arma”, explicó Rivas. En la audiencia del 30 de noviembre de 2016 se le impuso medidas sustitutivas por ese delito. Manuel también fue sobreseído de las acusaciones pero al salir del Juzgado ambos fueron detenidos por la Unidad Antipandillas de la PNC.
“Policías cubiertos del rostro los capturaron nuevamente, salieron rumbo a Sensuntepeque; les privaron de toda comunicación hasta el 6 de diciembre de 2016 en que se realizó la audiencia inicial, luego se los volvieron a llevar a una supuesta casa de resguardo, que deberían ser llamadas cárceles clandestinas, y hoy se desconoce de su paradero”, detalló el representante.
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Desde entonces, los angustiados familiares denuncian las graves violaciones a derechos humanos en que han sido víctimas los dos jóvenes y exigen un debido proceso judicial para demostrar su inocencia.
“Se les ha negado su derecho a asistencia legal, hoy nos han puesto un abogado que no sabemos quién es y quién lo financia; no se nos ha permitido ningún contacto con ellos y algunos directivos de la comunidad están siendo acosados por personas que incursionan en vehículos particulares tomándonos fotos”, sostuvo el representante.
Ante este tipo de casos, autoridades de la Policía han sido contundentes en declarar que los efectivos respetan los derechos humanos y usan controladamente la fuerza en los diferentes tipos de operativos y reconocen que se deben depurar a los elementos que manchan el nombre de la institución.
No obstante, uno de los casos emblemáticos sobre arbitrariedad fue el de Daniel Alemán, un joven que fue arrestado por dos policías por supuesta posesión de Marihuana con fines de tráfico. El joven aún se encuentra recluido en el Centro Penal “La Esperanza”, conocido como Mariona.
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Sin mediar palabras y sin justificación alguna, Daniel fue trasladado el pasado 10 de enero hacia una delegación policial en Alta Vista y posteriormente a una en la colonia Zacamil, donde los policías le dieron una libra de marihuana para incriminarlo, según una pariente contó a ContraPunto.
Sin embargo, luego de que la Unidad de Investigaciones escuchara a varios testigos y se estableciera que los agentes que lo capturaron habían alterado el parte policial, la Fiscalía anunció que estos están siendo procesados por fraude procesal.
En otro caso, la activista de derechos humanos, Wendy Morales, fue acusada y detenida el 5 de septiembre de 2016 por cometer supuesta extorsión. Ante esto, organizaciones sociales demandaron la liberación de la joven al afirmar arbitrariedades como la falta de acceso de la defensa técnica a la información, la violación al derecho de defensa y la inexistencia de indicios que incriminaran a la joven.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción de Osicala, en el departamento de Morazán absolvió de manera definitiva a Morales en el delito del que se le inculpaba.
