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domingo, 25 de julio del 2021

Inmunidad de diputados del PARLACEN en la mira

Los privilegios de los legisladores del Parlamento Centroamericano siempre han sido tema de debate. La lucha ha sido siempre en contra de la inmunidad que buscan y encuentran ahí los políticos, principalmente los exmandatarios.

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La incorporación automática del expresidente y exvicepresidente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es un derecho establecido en el Tratado Constitutivo del organismo regional, sin embargo, desde 1988 a la fecha, algunos países han hecho lo propio para cambiar esto.

Mientras en Guatemala se debate la incorporación de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, en enero próximo cuando entreguen sus cargos, otros países como El Salvador han librado sus propias batallas legales para evitar estas adhesiones automáticas.

Una publicación del periódico guatemalteco Prensa Libre, señala que el PARLACEN, desde su creación en 1988, ha servido como salvoconducto de varios políticos que encontraron bajo la inmunidad diplomática una herramienta de impunidad que los libró de enfrentar cargos penales.

Manuel Zelaya, en Honduras y Mauricio Martinelli de República Dominicana son algunos de los ejemplos. En Guatemala, mientras se acerca el final del período presidencial de Morales, el 14 de enero, el PARLACEN se alista para sesionar entre el 14 y 17 de enero, casi dos semanas antes de lo que habitualmente lo hace, adelantando así también la incorporación de los funcionarios guatemaltecos.

Fuentes constitucionalistas anónimas opinan que, en el caso de Guatemala, también debería revisarse la incorporación. Ya en el 2004 se conoció y la Corte de Constitucionalidad frenó la incorporación de Alfonso Portillo y Francisco Reyes.

Los presidentes per se entran al PARLACEN, en tanto que el resto de los diputados entran luego de una campaña, y tiene que llenar una serie de requisitos, acciones que no cumplen con el requisito de igualdad entre todos los diputados, esa fue la base de la sentencia fue en el 2004.

En el 2008, una reforma al Tratado del PARLACEN consignó que los exgobernantes son diputados natos y gozan de la inmunidad dentro y fuera del territorio nacional. El cambio cobró vigencia en el 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, quién junto a su vicepresidente Rafael Espada tomaron posesión del cargo en el 2012.


En lo que respecta a El Salvador, en julio de 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió que es inconstitucional que los expresidentes tomaran posesión de un escaño en el PARLACEN y gozaran de los privilegios diplomáticos. La razón: porque nunca fueron electos popularmente, como el resto de los parlamentarios, para el cargo, por lo que siendo un mandato constitucional la representación popular de un diputado, el Tratado Constitutivo del PARLACEN es de menor jerarquía y, por lo tanto, no es aplicable.

Con ello, se frenó jurídico a la inmunidad de los expresidentes salvadoreños. “El Salvador será representado en el mencionado organismo únicamente por los diputados centroamericanos que han sido electos mediante sufragio universal, libre, directo, igualitario y secreto, tal como lo prescriben los artículos 78 y 80 inciso 1.º de la Constitución”, sentenció la Sala.

Honduras eliminó la inmunidad de sus diputados durante la presidencia legislativa de Porfirio Lobo. Los representantes ante el PARLACEN mantenían el privilegio en el ámbito internacional. La decisión se tomó luego que dos diputados de ese país: Carlos Ávila, del Congreso y César Díaz, del PARLACEN, fueran acusados de narcotráfico y los tribunales les abrieran juicio.

En las discusiones, el entonces diputado Jaime Rosenthal, afirmó que la eliminación de la inmunidad será “una demostración de que los diputados del Congreso Nacional queremos eliminar cualquier duda que pueda existir en la gente, de que nosotros somos diputados porque andamos buscando inmunidad o impunidad”.

“La inmunidad ha estado creando una percepción equivocada en el pueblo hondureño, en algunas ocasiones está sirviendo para encubrir delitos y eso no debe ser”, decía al diario La Nación, el diputado Ramón Velásquez, en julio 2003, cuando se discutía la propuesta en el Congreso.

El mismo año en que en Honduras se aprobaba retirar la inmunidad de los diputados al PARLACEN, en ese organismo regional se discutía los privilegios de Arnoldo Alemán, el expresidente nicaragüense que buscaba incorporarse luego de dejar la presidencia de su país y enfrentar señalamientos por lavado de dinero y corrupción. Aunque estuvo bajo arresto domiciliario en Nicaragua, despojado de su inmunidad parlamentaria en Nicaragua, mantuvo los privilegios del Parlamento hasta 2009, cuando la Corte Suprema de su país lo declaró en libertad.

Siempre en 2003, en Tegucigalpa se capturó a Jorge Alberto Cáceres, quien según los señalamientos vendía cocaína en la sede del PARLACEN de Honduras. Ese mismo día la policía de ese país capturó a dos personas más cuando salían del edificio de PARLACEN con droga.

César Díaz Flores, diputado hondureño de la instancia legislativa en el 2003, fue capturado en el cruce aduanal Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua porque le encontraron en su vehículo siete kilos de heroína valorados en US$350 mil. Al parlamentario también se le habían decomisado cuatro vehículos de lujo que tenían reporte de robo en Estados Unidos, sin embargo, habían sido vendidos en El Salvador y Honduras. El caso penal no pudo avanzar por la inmunidad del parlamentario, que frenó las investigaciones.

Quince años después, en octubre del 2019, el Congreso Nacional de Honduras devolvió la inmunidad de los diputados con una nueva reforma.

Costa Rica, nunca ha estado interesado en formar parte de la instancia, y prefiere buscar otros organismos para resolver los posibles conflictos regionales.


El PARLACEN se instauró oficialmente el 28 de octubre de 1991, producto de los Acuerdos de Paz de Esquipulas 2. Eran 65 diputados centroamericanos que representaban a 13 partidos políticos. Más tarde se reunieron dos diputados más de Nicaragua.

Desde su constitución el Parlamento fue creado como un espacio para lograr la integración regional, sin embargo, sus resoluciones no son vinculantes, es decir, que ningún país está obligado a cumplir las recomendaciones que emite.

El salario de un diputado centroamericano oscila entre los $4 mil y $4 mil 500; $1 mil 200 de sueldo base más $3 mil 200 para gastos de representación, lo cual depende de la cantidad de sesiones a las que asistan cada mes.

Las plenarias se llevan a cabo en la Ciudad de Guatemala (durante una semana al mes) y las de comisiones (una semana del mes) que se efectúan en las subsedes de cada uno de los países que integran el ente.

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CP / Agencias Internacionales
Redacción ContraPunto / Agencias y diarios internacionales
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