El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos 2024 que en El Salvador “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” durante el último año. El documento resalta que la violencia de pandillas se mantuvo en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.
Medidas de seguridad y resultados
Según el informe, el régimen de excepción, renovado mensualmente desde su instauración, ha permitido mantener controlada la criminalidad. El gobierno salvadoreño adoptó medidas para identificar y sancionar a funcionarios que cometieran abusos, lo que contribuyó a los resultados reportados.
Persisten desafíos en derechos fundamentales
Aunque se reconocen avances en seguridad, el informe subraya que persisten desafíos relacionados con garantías judiciales, libertad de prensa y condiciones laborales. También advierte sobre detenciones masivas que han incluido arrestos arbitrarios y muertes bajo custodia.
Muertes en prisión
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que desde el inicio del estado de excepción hasta julio de 2023 se registraron 115 muertes en centros penitenciarios. Para agosto de 2023, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigaba ocho de esos casos.
Denuncias contra la Policía y Fuerza Armada
El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidos a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Datos registrados en 2023
- 23 denuncias de abuso sexual contra la PNC.
- 19 denuncias de violencia contra la mujer.
- 4 denuncias de abuso infantil presuntamente cometidas por agentes policiales.
- 2 denuncias de tortura, 47 por “integridad corporal violada”, 53 por malos tratos, 34 por abuso físico y 3 por agresión y discriminación.
- 171 denuncias remitidas por la PNC a la Fiscalía General de la República.
Sanciones a personal policial
En el mismo periodo, la PNC disciplinó a 14 agentes y destituyó a 12 por diferentes faltas. Además, diez personas denunciaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos torturas o castigos crueles por parte de agentes policiales, y una persona presentó una denuncia similar contra miembros de las Fuerzas Armadas.
