Según estadísticas brindadas por la Policía Nacional Civil (PNC), enero del presente año finalizó con 256 homicidios, lo que representa una reducción de 65.4 por ciento en relación a enero de 2016 en que se reportaron 740 asesinatos a nivel nacional.
“La clave ha estado en que se logró tener una ruptura entre la estructura delictiva desde el interior de centros penales hacia afuera. Para nosotros las medidas extraordinarias para la seguridad son importantes y han sido contundentes”, expresó el director policial, Howard Cotto.
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Asimismo las autoridades revelaron, que en dicho mes, se capturaron a 2.763 personas que cometieron diferentes delitos; y se incautaron 370 armas de fuego de diferente calibre.
El primer trimestre de 2016 arrancó con una tasa de 104 por cada 100 mil habitantes, en ese período eran asesinadas a diario entre 24 y 25 personas. Ante esto el Gobierno implementó medidas de emergencia antiviolencia y desde abril la estadística fue disminuyendo, según declaraciones oficiales.
La brutal epidemia de homicidios, en ese año, fue heredada desde el 2015, en que el país se convirtió en el más violento de Centroamérica y murieron 6.657 ciudadanos, en su mayoría jóvenes de entre 24 y 31 años de edad.
“La cifra es confortable”
El criminólogo, Ricardo Sosa, afirmó que los asesinatos reflejan una disminución inusual porque en ese mes siempre se dispara la cifra de muertes violentas.
“El promediar en todo el mes 8.7 homicidios diarios es más que saludable y alentados. Yo espero que de mantenerse esta tendencia, nos estaría generando de 1.500 a dos mil homicidios menos en el año. También repercutirá en la tasa de homicidios posicionándola a 55 por cada 100 mil habitantes”, explicó el experto.
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Sosa agregó que es importante que las medidas extraordinarias continúen, aunque “hayan sectores” que pongan en duda la efectividad de las mismas.
“La reducción de los homicidios y otros principales delitos tienen repercusión directa con las medidas extraordinarias, con las mejoras en la operatividad policía, la táctica implementada de las autoridades de Seguridad y la Policía. Lo peor que se puede hacer como país es no renovarlas”, sostuvo.
El Gobierno invirtió $46 millones 53 mil 496 de la Contribución Especial para la seguridad que se estableció en dos decretos legislativos aplicados a ingresos superiores de $500.000 y al cargo del 5% a los servicios de telefonía.
