El Ministerio de Trabajo desplegó a un contingente de 700 inspectores a escala nacional para verificar que las empresas estén cumpliendo con el ajuste salarial.
El titular de dicha cartera de Estado, Rolando Castro, informó hoy que, desde el 15 de agosto hasta el pasado viernes, la institución ha efectuado 1,400 inspecciones, mediante las cuales han cubierto a cerca de 90,437 trabajadores, 48,511 hombres y 35,366 mujeres; así como 6,559 embarazadas.
Castro informó que se han iniciado 120 procesos de infracciones a 35 empresas por el incumplimiento al pago del aumento al salario mínimo; el 40 % corresponde al sector comercio y el 35 % al industrial.
También informó que algunas empresas grandes están haciendo llegar el salario mínimo a través del bono por ventas y bajo esta figura están cancelando el incremento. “Ya fuimos a investigar, ya tenemos información y ya iniciamos el proceso de infracciones administrativas que nos corresponde como Ministerio de Trabajo”, indicó.
El funcionario apeló al convenio 131, relativo a la fijación de salarios mínimos, que establece que los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse, la persona o personas que no lo apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas, de carácter penal o de otra naturaleza, sostuvo.
Castro dijo que aplicarán una multa de $57.14 por cada trabajador al que se le ha vulnerado el derecho al aumento al salario mínimo. Por tanto, algunas empresas pagarán una multa de $179,876.73.
Añadió que, a parte de las infracciones, los casos detectados serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reiteró que el ajuste salarial está publicado en el Diario Oficial, por lo que es Ley de la República y en ningún empleador queda a interpretación cumplirlo o no.
El titular de Trabajo informó que, en términos generales, el 95 % de los empleadores están cumpliendo con su compromiso de pagar el incremento del 20 % y solo es un pequeño sector el que no está acatando la normativa.
“Vamos a tutelar el derecho de los trabajadores al incremento al salario mínimo y vamos a inspeccionar los 852,000 empleos que tiene El Salvador, en el sector público y privado”, manifestó.
Entre tanto, el ministro indicó que entre las em presas sancionadas se encuentran almacenes Simán, La Curacao y Prado.
“Estamos hablando de empresas fuertes, sonadas marcas en el país, ya fuimos a investigar esa información y ya iniciamos el proceso de infracciones administrativas que nos corresponde como Ministerio de Trabajo”, sentenció.
