MANAGUA. La Conferencia Episcopal de Nicaragua aceptó este martes actuar como mediadora para resolver la crisis del país centroamericano, en el que estallaron violentas protestas la semana pasada con saldo de casi una veintena de muertos, según distintas fuentes.
El arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia, cardenal Leopoldo Brenes, leyó un comunicado en el que aceptó la invitación del presidente Daniel Ortega para activar la mediación y resolver la crisis, y dijo esperar que la sociedad civil aceptara participar.
"Para facilitar el clima de diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno, como cada miembro de la sociedad civil, evite todo acto de violencia e irrespeto a la propiedad pública y privada, que prevalezca un clima sereno, de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de nosotros", dijo Brenes.
El gremio de empresarios Cosep, que pidió el diálogo a Ortega, había dejado en manos de la Iglesia católica la decisión de acudir a las pláticas, pero demandó la inclusión de otros sectores y la liberación de los detenidos en las protestas.
La policía dijo en la mañana del martes que liberó a los detenidos, aunque no precisó el número, en lo que se consideró un paso más de Ortega para acercarse al diálogo.
Ortega anunció el domingo la derogación de la reforma al sistema de seguridad social y anunció su disposición a dialogar con los empresarios, sus aliados desde que volvió al gobierno el 2007.
Las protestas iniciaron el miércoles pasado, cuando una pequeña protesta en contra de una reforma de pensiones dictada por el gobierno fue atacada por grupos sandinistas y agentes de la policía antimotines, con saldo de varios heridos.
El jueves se unieron a la protesta estudiantes universitarios, un sector que ha sido de los principales baluartes sociales del presidente sandinista Daniel Ortega, luego que fueron atacados por grupos de jóvenes enviados por el gobierno.
CUESTIONADOS EXPRESIDENTES CRITICAN A ORTEGA
Mientras, un grupo de cuestionados ex presidentes de varios países de América latina y España, criticó el martes la actuación de Ortega y pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) la adopción de medidas en su contra.
Los ex mandatarios y jefes de Estado firmantes no caracterizaron sus respectivos ejercicios en sus distintos países por su respeto a las instituciones o a los derechos humanos.
Entre los firmantes de la declaración figuran el salvadoreño Alfredo Cristiani, el colombiano Alvaro Uribe, el español José María Aznar, el argentino Fernando de la Rúa, y los costarricenses Oscar Arias, Laura Chinchilla y Miguel Angel Rodríguez.
