Por Alonso Rosales
Golpes secos. Disparos de balas de goma. Ojos quemados por gas pimienta. Granadas aturdidoras explotando entre multitudes. Personas empujadas al pavimento, autos destrozados, manifestantes perseguidos y encañonados como si fueran criminales armados.
Ese es el rostro de la operación migratoria federal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desplegado en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la política migratoria del presidente Donald Trump. Una campaña que, lejos de limitarse a arrestos o procedimientos administrativos, ha dejado un rastro creciente de heridos, denuncias legales y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
NBC News revisó decenas de incidentes ocurridos desde la primavera pasada y halló un patrón repetido: agentes federales recurriendo de forma constante a tácticas “menos letales” —como gases lacrimógenos, balas de goma y fuerza física— en circunstancias que, según expertos y abogados consultados, podrían violar tanto protocolos internos como estándares generales de actuación policial.
Aunque oficialmente estas armas se clasifican como “menos letales”, el impacto real en las víctimas cuenta otra historia: huesos rotos, contusiones graves, lesiones oculares permanentes y hospitalizaciones. Según el informe, cientos de personas han resultado heridas en enfrentamientos donde agentes del DHS se enfrentaron no solo a personas agresivas, sino también a manifestantes pacíficos y ciudadanos que intentaban documentar lo que ocurría.
Hasta el momento, agentes federales han disparado con armas de fuego a 13 personas en el contexto de estos operativos. Pero lo más frecuente no han sido las balas reales, sino el uso de métodos de represión que generan dolor, miedo y caos, especialmente cuando los agentes son superados en número o enfrentan resistencia comunitaria.
Las imágenes captadas en protestas muestran a oficiales enmascarados, equipados con armaduras tácticas y rifles de grado militar, actuando con rapidez y fuerza contra grupos de civiles. En algunos casos, los enfrentamientos se desatan tras redadas migratorias realizadas a plena luz del día, en espacios públicos, provocando indignación inmediata de residentes y activistas.
Lo que sigue suele ser el mismo ciclo: la comunidad responde, protesta o confronta; y los agentes, en lugar de contener la tensión, escalan la situación recurriendo abruptamente a la violencia física o química.
Tribunales en al menos cuatro estados han determinado que miembros de estas fuerzas utilizaron la fuerza de manera inadecuada e indiscriminada. Estos fallos judiciales, junto con testimonios de víctimas y grabaciones difundidas en redes, refuerzan las sospechas de que no se trata de incidentes aislados, sino de un patrón institucional.
Para defensores de derechos civiles, el problema no es únicamente la dureza de los operativos, sino la aparente falta de proporcionalidad. El uso repetido de gas lacrimógeno y proyectiles contra manifestantes —muchos de ellos desarmados— plantea preguntas inevitables sobre el verdadero objetivo de estas acciones: si se busca hacer cumplir la ley migratoria o sembrar un mensaje de intimidación pública.
La estrategia parece clara: operaciones rápidas, agresivas, altamente visibles y ejecutadas con un despliegue militarizado que transforma calles y barrios en zonas de tensión constante.
Y mientras el DHS sostiene que sus agentes enfrentan amenazas reales en el terreno, el costo humano sigue aumentando. Las víctimas no son solo cifras: son trabajadores, estudiantes, familias y ciudadanos que terminan con heridas físicas y consecuencias emocionales duraderas.
Lo que ocurre no puede reducirse a un simple debate sobre migración. Lo que está en juego es el límite entre la aplicación de la ley y la represión.
Porque cuando un gobierno responde con violencia desmedida frente a la protesta pública, el daño no se limita a los cuerpos golpeados en la calle.
El daño se extiende al país entero.
FUENTE TELEMUNDO , NBC NEW
