Por Luis Armando González
Escribo estas líneas, temprano en la mañana, este 24 de marzo de 2026. Hago memoria de la mañana del 24 de marzo de 1980 y, pese a que El Salvador estaba atravesado por una aguda conflictividad socio política en el marco de la cual actuaban grupos armados de extrema derecha –que se caracterizaban por la atrocidad con la que trataban a quienes consideraban “enemigos de la patria”—, yo no podía imaginar siquiera la inmensa tragedia que sucedería en la tarde de ese día.
Cuando escuché a mis compañeros de bachillerato, en el Instituto Politécnico, decir “han matado a Monseñor Romero” no sólo no me lo podía creer, sino que la incertidumbre y el pánico se apoderaron de mí. Me dije –y sé que miles de personas hicieron lo mismo en ese momento—: “si se han atrevido a asesinar a Monseñor Romero, pueden hacer lo mismo con cualquiera, nadie está a salvo”. Y en efecto, así fue: escuadrones de la muerte y cuerpos de seguridad –Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda— dieron rienda suelta a lo que con toda propiedad fue calificado como terrorismo de Estado, que suele ser uno de los terrorismos de lo más terribles, dado el poder y la impunidad con los que cuentan sus perpetradores.
Con el asesinato de Monseñor Romero no inició el terrorismo de Estado en El Salvador, sino que el mismo alcanzó niveles extremos. De hecho, la muerte violenta del entonces arzobispo de San Salvador hizo parte de dinámicas de persecución política, asesinatos, torturas, desapariciones y cierre de espacios políticos que desde mitad de la década de los años setenta caracterizó al país. La violencia estatal y paramilitar campeaba en zonas urbanas y rurales, teniendo como foco de sus arremetidas a sectores populares organizados y sus dirigentes sindicales, gremiales y campesinos; comunidades cristianas, monjas, sacerdotes y delegados de la palabra; y, en general, simpatizantes de organizaciones de izquierda.
La predicación de Monseñor Romero y sus denuncias de la violencia opresiva y terrorista fueron las causales directas de su asesinato. Casi inmediatamente después de ser nombrado arzobispo (el 3 de febrero de 1977) se comprometió de lleno con la “opción preferencial por los pobres” y, haciendo suyo el lema de “sentir con la Iglesia”, entendió que el imperativo de “leer los signos de los tiempos” le obligaba a hacerse cargo de los clamores de justicia que recorrían de un lado a otro al país y colocarse del lado de las víctimas de atropellos, abusos y violencia emanadas especialmente de la aparato estatal y de los grupos paramilitares de extrema derecha. Estos lo perfilaron como un “enemigo” al que debían exterminar, y fue lo que efectivamente hicieron. Y, así, el asesinato de Monseñor Romero no tuvo nada de espiritual: fue un crimen bien real, con motivaciones bien reales –ideológicas y políticas— por parte de sus planificadores y ejecutores.
La santificación de Monseñor Romero –lo cual no objeto— y su oficialización excesiva –propiciada por el primer gobierno del FMLN— han llevado a que se diluya en una especie de bruma el contexto histórico (político, social, cultural y económico) en el que él actuó como pastor, a la cabeza del arzobispado de San Salvador y acompañado de sacerdotes, religiosas, religiosos y delegados de la palabra que estaban en sintonía con su compromiso eclesial y cívico.
Sin las tensiones, conflictos, abusos y violencia, así como sin las luchas esperanzadas de quienes se organizaban para defender sus derechos en la década de los años setenta en El Salvador, no se puede entender al Monseñor Romero real, al hombre que denunció violencias reales y que estuvo dispuesto a dar la vida por ello. Y si se diluye a este Monseñor Romero real, reemplazándolo por un santo abstracto que flota en un plano etéreo o por un símbolo oficial se luce en instituciones públicas, entonces ya no se trata de un Monseñor Romero “símbolo de rebeldía”, sino de algo que tiene poco o nada que ver con él.
Titulé estas reflexiones “Historizar a Monseñor Romero”, pero no he querido dar una definición de historización, sino se ejercitar lo que ésta manda: situar los acontecimientos sociales, políticos, económicos o culturales (o para el caso eclesiales) en su contexto histórico concreto, para poder entender de mejor manera su significado. Si no historizamos a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, lo sacamos del lugar que le corresponde en la sufrida historia del pueblo salvadoreño y, con ello, jamás entenderemos el significado de lo que él hizo como pastor y las razones de su asesinato.
En fin, sé que ha sido nombrado santo por la Iglesia católica. Pero sé que miles de personas lo consideraban santo antes de ese nombramiento. Sé también que antes de nombrar aeropuertos, plazas o calles con su nombre, muchas parejas –cuando era arriesgado— bautizaron a uno de sus hijos como Oscar Arnulfo. Y ese santo aun no oficial era nada más “Monseñor Romero” o sólo “Monseñor”. En lo personal, prefiero seguir llamándolo así. Al hacerlo lo dejo en el lugar en el que él siempre quiso estar: en los hogares humildes del pueblo al que él tanto quiso y el que –a lo largo de la década de años ochenta— lo recordó con devoción, agradecimiento y ternura.
A propósito de la devoción que suscitó Monseñor Romero no me resisto a comentar una experiencia personal. Fue allá por 1983; yo salía de casa en la mañana temprano para mis clases en la UCA y regresaba por lo general a las 5 o 6 de la tarde. Un día, no recuerdo por qué, volví a casa a media mañana y todo estaba en silencio, salvo por un leve murmullo que salía de un rincón. Al buscar, me encontré con mi mamá –Teresa, era su nombre— que rezaba de rodillas ante una fotografía de Monseñor Romero. Escéptico, le pregunté por qué rezaba ante esa fotografía. Su respuesta de lo más natural fue: “le pido a Monseñor Romero que te traiga con bien a la casa”. Me conmovió mi mamá, y vi lo que Monseñor Romero era para ella: un santo.
San Salvador, 24 de marzo de 2026
