Por Carlos Santos
La violencia que hoy azota Haití tiene raíces en décadas de represión, inestabilidad política y debilitamiento institucional. Desde los Tonton Macoutes, creados durante la dictadura de François Duvalier, los grupos armados han sido utilizados para intimidar adversarios, controlar comunidades y proteger intereses políticos y económicos.
Tras la caída de la dictadura en 1986, Haití atravesó golpes, gobiernos inestables y conflictos sociales. Surgieron organizaciones paramilitares como el FRAPH y grupos vinculados a disputas políticas, entre ellos los llamados chimères. Con el tiempo, muchas bandas dejaron de depender de sus antiguos patrocinadores y desarrollaron negocios propios basados en secuestros, extorsiones, tráfico y control territorial.
En las últimas dos décadas, organizaciones como 400 Mawozo, 5 Segonn, G9 y G-Pèp consolidaron su poder en Puerto Príncipe. En 2020, Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, impulsó G9, una federación de bandas que combinó discurso político con violencia. Su rivalidad con G-Pèp provocó enfrentamientos, asesinatos y desplazamientos masivos.
En 2024, varias organizaciones se unieron en Viv Ansanm, alianza que atacó comisarías, cárceles e infraestructura estratégica. Aunque no constituye un ejército unificado, demostró que las bandas podían coordinarse y desafiar directamente al Estado.
Su expansión también depende de redes internacionales. Las armas llegan principalmente mediante tráfico ilícito, con Estados Unidos identificado como una fuente importante de armamento desviado hacia Haití. Informes internacionales han señalado además vínculos entre bandas, políticos, empresarios e intermediarios.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021, agravó el vacío de poder, pero no creó el problema. La crisis es resultado de décadas de impunidad, corrupción, pobreza, intervenciones externas y debilitamiento de las instituciones.
Las principales víctimas son los civiles: miles han sido asesinados, desplazados o sometidos a violencia sexual, extorsiones y reclutamiento. Las bandas pueden presentarse como defensoras de los barrios, pero el terror que imponen contradice cualquier pretensión de legitimidad popular.
La historia haitiana muestra el riesgo de utilizar grupos armados como instrumentos políticos. Lo que comienza como una herramienta de control puede convertirse en una estructura criminal autónoma.
Haití necesita seguridad y justicia, pero también una investigación sobre las conexiones entre bandas, poder político, financiamiento y tráfico de armas. Sin esclarecer esas redes, cualquier respuesta militar solo atenderá los síntomas.
La pregunta no es únicamente quiénes empuñan los fusiles en Puerto Príncipe, sino quiénes ayudaron a construir su poder y quiénes se beneficiaron de él.
La tragedia de Haití comenzó mucho antes de que las bandas desafiaran al Estado: comenzó cuando el poder aprendió a gobernar mediante el miedo.
