El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que busca homologar los números de identificación tributaria (NIT) y los documentos únicos de identidad (DUI) para personas naturales.
Zelaya acompañado de su equipo de trabajo, explicó que el objetivo de la misma es facilitar y simplificar los procesos de tributación.
Al entrar en vigencia la normativa, a todas las personas que tramiten su DUI simultáneamente se les emitirá su número de NIT.
En el caso de los menores de edad que ya poseen el documento tributario, que tiene un costo de US$2 la primera vez y US$6 la reposición, estará vigente hasta que cumplan los 18 años y tramiten su carné de identidad.
Los salvadoreños que habitan fuera del país también se beneficiarán con esta disposición, ya que actualmente pueden sacar su DUI en los consulados, pero cuando regresan a El Salvador se ven obligados a tramitar su NIT por si necesitan realizar algún trámite. Con la iniciativa presentada por el Ejecutivo eso ya no será necesario.
Para el caso de las empresas o sociedades, de acuerdo al funcionario, se les extenderá un NIT en el Centro Nacional de Registros (CNR) o en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación.
“Le estamos quitando tramitología a nuestro país. Este es el primer paso para empezar a homogenizar y hacer que, de una vez por todas, nuestro Documento Único de Identidad se comporte como tal. Es inconsistente y contradictorio que le llamamos documento único, pero se comporta como parcializado, porque tenemos que andar cargando como 15 documentos”, expresó el ministro Zelaya.
Los registros del Ministerio de Hacienda indican que hay 6 millones 600 mil usuarios de NIT, de ellos, 6 millones 500 mil son personas naturales y 108 mil son personas jurídicas que serían las únicas que continuarían tramitando su número tributario.
Las autoridades no descartaron que posteriormente se pueda unificar el número de otros documentos personales con el del DUI, por ejemplo, las licencias de conducir.
Por su parte, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas, Industriales y de Comercialización.
Las enmiendas establecen un marco regulatorio que se ajusta a la realidad del país, principalmente a la necesidad de recuperar la economía luego de las afectaciones por la pandemia de Covid-19.
“Para que El Salvador sea competitivo debe tener incentivos fiscales y no fiscales para que las empresas inviertan en el país. Por la pandemia es más difícil atraer la inversión (…) Hemos tomado en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional para adoptar los incentivos que atraen a los inversionistas”, explicó.
Los beneficios de la reforma incluyen una ágil implementación de la normativa, a través de la habilitación de medios electrónicos para que los inversionistas presenten sus solicitudes en línea. Esta modalidad se fortalece con la entrada en vigencia, en mayo pasado, de la Ley de Firma Electrónica.
Además, se plantea reducir de forma significativa los tiempos de respuesta a los inversionistas para que pongan en marcha sus empresas, pasando de un periodo de un mes a entre uno y cinco días.
También se le está apostando a rubros que tienen gran potencial como dinamizadores de la economía, aprovechando los recursos con los que cuenta el país.
“Estamos ampliando sectores que se beneficien, se agrega el rubro de la acuicultura, ya que la demanda de mariscos representa una oportunidad (de crecimiento) dentro del plan maestro para la recuperación del sector”, afirmó.
La reforma también contempla incentivos para los desarrollistas, para que establezcan más zonas francas en el país, atraigan inversión y generen más fuentes de empleo para los salvadoreños.
Entre los beneficios para ellos destacan la exención parcial del 60% del Impuesto sobre la Renta y municipales por un lapso de 10 años. Este beneficio podría ampliarse cinco años más por inversiones en innovación tecnológica o proyectos verdes ejecutados en la zona franca impulsada por los desarrollistas.
Además, se contempla una exención para la importación de bienes para la construcción de las zonas francas, por un periodo de dos años, para facilitar el establecimiento de más territorios destinados a la inversión.
Las reformas incluyen como aspecto novedoso la construcción de zonas francas verticales, es decir, de edificios en donde operen los inversionistas.
