La aprobación del decreto “transitorio y excepcional” que permite que Ministerio de Hacienda audite las alcaldías por el uso de US$191 millones por la pandemia del coronavirus, trazará la hoja de ruta para que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República investiguen a las alcaldías, indicó el titular de esta cartera de Estado, Alejandro Zelaya.
El funcionario indicó que desconfía de la labor de la Corte de Cuenta de la República (CCR), por la debilidad con la que trabaja la institución.
Además, detalló que se tardarían tres meses en auditar a las comunas aunque requieren un año de vigencia para el decreto.
“Yo lo que voy a trazar es la hoja de ruta para que tanto Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República realicen un trabajo mucho más fácil para ellos, que no solo es su facultad sino su deber”, indicó el funcionario.
Zelaya explicó que los hallazgos de Hacienda serán remitidos a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas. “Una de las dos instituciones tendrá que hacer algo”, dijo.
Ante una pregunta sobre por qué no le inyectaban más fondos a la Corte de Cuentas para fortalecerla, el funcionario mostró desconfianza ante la institución contralora.
El funcionario aseguró que un periódico nacional señaló, que la Corte de Cuentas investigaba a sus auditores por supuestamente favorecer a las alcaldías mediante sobornos.
“Creo que me asiste la lógica. Habrá otros que digan que está bien estarle dando más dinero a auditores que están vendiendo informes. Es un decreto transitorio y excepcional, no estamos usurpando una facultad que no nos compete, es transitorio”, manifestó.
La diputada Suecy Callejas se quejó de la actual gestión de la Corte de Cuentas porque, aseguró, la han llamado y han tratado, dijo, de cuestionarle acciones que le corresponden al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), al financiero, al contador y otros funcionarios, cuando, añadió, “las responsabilidades son personales”.
El ministro aseguró que Hacienda no tiene la facultad de producir un documento prueba ante un juez “sino ante la Fiscalía”.
Según el funcionario, una de las razones al solicitar dicha facultad fue un tuit del alcalde de San José Villanueva, quien aseguró que en dicha comuna encontrarán “malversación, engaño, faltantes, no hay registros contables, faltan chequeras, libros de bancos y conciliaciones bancarias”.
“Entiendo que el alcalde está hablando de su predecesor, al hacer esta relación no deja de preocuparnos”, expresó.
Las alcaldías recibieron un total de $191 millones para combatir los efectos de la pandemia, $75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $116 millones de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
