El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, expresó su conformidad ante la aprobación de la Asamblea Legislativa hacia las medidas de seguridad que permitirán, según autoridades de Seguridad, minimizar el flagelo delincuencial
que azota al país.
“Este es un nuevo ejemplo de cómo abordar un problema tan complejo que afecta a la familia salvadoreña, a economía nacional, y golpea las confianza, la certidumbre de lo que debe y puede pasar en nuestro país en los próximos 5, 10 o 15 años. Creo que es importante reconocer el papel de cada uno de los partidos políticos y el liderazgo de quienes los representan”, dijo Ortiz.
El uno de abril, diputados aprobaron con 83 votos la ley transitoria de medidas de seguridad para aplicarlas al sistema penitenciario, a fin de restringir la comunicación, las visitas íntimas y familiares y el libre tránsito al interior de siete cárceles que se encuentran bajo este régimen de emergencia.
“En esto tenemos una responsabilidad compartida, el papel de nuestro Gobierno es una parte, el papel que está jugando la Asamblea Legislativa representa otra parte importante, y esperamos que de la misma manera lo haga el Órgano Judicial”, acotó el funcionario.
La motivación principal de las medidas en los penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y el centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, según el Gobierno, es socavar el ordenamiento que se realiza desde el interior de los recintos para cometer crímenes en diferentes zonas de país.
Ante esto, el vicepresidente asegura que estas disposiciones aprobadas, son solo una de las acciones que el Gobierno implementará en los próximos meses.
“El decreto es clave para todo lo que estamos impulsando, no es el único instrumento que vamos a necesitar hay otras medidas que están en ruta y que las vamos a trabajar conjuntamente con la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea legislativa” explicó.
Una de los planes ya anunciados por el gabinete de Seguridad, es la creación de un “batallón de choque”, el cual estará conformado por mil efectivos, entre ellos, agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada, según informó el ministro de Defensa, David Munguía Payés.
Aunque las autoridades no han brindado mayores detalles del operar de esta fuerza conjunta, el ministro dijo que podría operar en las zonas rurales del país para la recuperación de territorios controlados por estructuras pandilleriles. El proyecto aún está siendo diseñado por las autoridades.
