El portavoz de la Presidencia, Eugenio Chicas dijo este martes que como gobierno salvadoreño, difieren de las conclusiones del informe presentado ayer por Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, en el que insistió en que El Salvador debe renunciar a las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales. El gobierno salvadoreño justifica dichas medidas, priorizando necesidad de seguridad de la población.
Chicas justificó el despliegue de medidas en seis de los 20 centros penales del país, argumentando que el bloqueo y aislamiento de criminales, garantiza la seguridad de la población pues se reducen las órdenes de cometer delitos con las estrictas medidas.
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“Tenemos que reprimir, aislar, garantizar el bloqueo a un grupo de criminales que venía atentando sobre los intereses de amplios sectores de la población, por lo tanto, diferimos con la señora Callamard en el enfoque de la necesidad de las medidas extraordinarias porque la responsabilidad del gobierno es salvaguardar los intereses y garantías de la vida y bienes materiales de la población”, dijo Chicas en el programa de entrevistas de la televisión estatal.
El portavoz presidencial admitió que si bien hay aún desafíos por resolver, El Salvador es abierto a la comunidad internacional y a la crítica que pone en relieve los retos del país en materia de seguridad.
Asimismo justificó que las medidas extraordinarias de seguridad deben continuar por un año más tal y como lo han solicitado a la Asamblea Legislativa, pues su inscripción está en el marco del ordenamiento jurídico del país, y porque responden a decisiones de consenso que conlleva represión y prevención.
“Las medidas extraordinarias se inscriben en el ordenamiento jurídico del país, no son medidas que descansen en una decisión del Ejecutivo, sino que pasan por el filtro de la máxima instancia en materia de elaboración de leyes como la Asamblea Legislativa”, manifestó Chicas.
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Aseguró que hay una confusión en el informe de Callamard porque en él se menciona que hay 39.110 personas en detención prolongada, cuando realmente la cifra es menor.
“De los 20 centros penitenciarios del país, solo seis están bajo las medidas extraordinarias. No son 39 mil sino un estimado de 12 o 13 mil privados de libertad los que están bajo esa condición”, aclaró.
Pese a que delegada de la ONU aseguró que si el Gobierno no resuelve la situación carcelaria, la presión internacional iba a aumentar, Chicas expresa que como gobierno respetan su postura, pero que la presión más importante es el “clamor de la población” por garantizar las condiciones de seguridad.
El secretario de comunicaciones destacó que el gobierno es respetuoso de los derechos humanos y que sus cuerpos de seguridad dan garantía de ser formados bajo ese enfoque. Subrayó además que ha sometido a la justicia a quienes son señalados de abuso excesivo de la fuerza en tareas de seguridad, tal y como lo señaló Callamard.
Chicas enfatizó que como gobierno afrontan estos señalamientos, con medidas efectivas de respeto a los privados de libertad como el programa “Yo Cambio”, así como la ampliación de la infraestructura penitenciaria para combatir el hacinamiento carcelario.
“Creemos que es necesario sostener esas medidas por un año más para garantizar que siga disminuyendo la criminalidad”, apuntó.
Concluyó que las medidas son necesarias para garantizar la disminución del delito de homicidio que tuvo una reducción de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015, a 60 por cada 100 mil habitantes en 2017 debido a la implementación de las medidas.
