Luego de que Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional denunciara actos de corrupción por medio de “sobresueldo” en el Gobierno para “comprar voluntades”, el vocero de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, negó este martes tales señalamientos.
"No ha proporcionado pruebas, esperamos que tenga evidencia, y que obviamente se puedan judicializar", refutó Chicas.
Según las acusaciones de Blanco, los dos gobiernos del FMLN habrían cometido corrupción al pagar "sobresueldos" a funcionarios públicos. Dichos pagos serían, según Blanco, montos adicionales al salario de los funcionarios.
Además reiteró que hay pruebas de que en el anterior gobierno que presidió Mauricio Funes (2009-2014), así como en el gobierno del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, se están "girando sobresueldos" y "pagos en dinero efectivo".
Blanco afirmó que se conocía de casos que han recibido entre 15.000 y 20.000 dólares de "sobresueldo", cuando los salarios de los altos funcionarios oscilan entre los 4.000 y 5.000 dólares mensuales.
"Mientras nos gritan corruptos, allá en Casa Presidencial están entregando sobresueldos”, dijo en una entrevista televisiva el magistrado Blanco, quien además señaló que pronto darían a conocer públicamente tal situación.
Por su parte el expresidente de la República, Mauricio Funes, como primer gobernante del FMLN, también negó los señalamientos y tildó de irresponsables las declaraciones del magistrado Blanco.
Entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial existe un altercado de acusaciones y críticas duras en los medios de prensa. Líderes del FMLN han tildado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional como "oficina legal de ARENA”.
“Cada vez más vemos a los magistrados de la CSJ en una labor más política que jurisdiccional, porque un aplicador de justicia no puede especular con datos de esta naturaleza. Aunque el magistrado se ha comprometido a dar nombres, a dar circunstancias, no lo ha hecho", reiteró Eugenio Chicas.
Los roces entre miembros del Gobierno y de la Sala de lo Constitucional obligaron a que un organismo de la ONU pronunciara su preocupación por los “constantes ataques” e hizo un llamado al Gobierno a no promoverlos; además le instó a acatar las resoluciones de los magistrados de la Sala.
