Por Redaccion ContraPunto
A solicitud del presidente Nayib Bukele, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta de reforma constitucional que busca habilitar la cadena perpetua para delitos graves como asesinato, violación y terrorismo, sanción actualmente prohibida por la Constitución.
Según expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X, la iniciativa fue introducida por el gabinete de seguridad como parte de una estrategia para endurecer las penas contra criminales de alta peligrosidad.
“En este momento, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua… Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, publicó el presidente.
Proceso legislativo y recepción
La propuesta fue recibida por diputados de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, quienes han respaldado en reiteradas ocasiones las políticas de seguridad del Ejecutivo. También participaron legisladores aliados, como representantes de Partido de Concertación Nacional y Gran Alianza por la Unidad Nacional.
Fuentes legislativas indicaron que la iniciativa será enviada a estudio de la comisión correspondiente para su análisis, como parte del procedimiento requerido para reformas constitucionales, las cuales deben ser aprobadas en dos legislaturas distintas.
Reacciones y posturas de la oposición
Desde la oposición, diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) expresaron preocupaciones sobre la propuesta.
Algunos legisladores señalaron que la medida podría abrir un debate sobre derechos humanos y el principio de reinserción social establecido en la Constitución. También cuestionaron si el endurecimiento de penas es una solución efectiva a largo plazo para la reducción del crimen.
“No se trata solo de aumentar castigos, sino de garantizar justicia dentro del marco constitucional y respetando los derechos fundamentales”, expresó un diputado opositor.
Contexto de seguridad
La iniciativa surge en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno, que incluye el régimen de excepción y el combate frontal a las pandillas. El Ejecutivo sostiene que estas medidas han permitido una reducción significativa de los índices de homicidios en el país.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han señalado preocupaciones sobre posibles vulneraciones a derechos humanos durante la implementación de estas políticas.
Próximos pasos
Para que la reforma entre en vigor, deberá ser aprobada por mayoría calificada en la actual legislatura y ratificada por una nueva Asamblea en el siguiente periodo legislativo.
El debate promete ser uno de los más relevantes en el ámbito político y jurídico del país, al tocar directamente principios fundamentales del sistema penal salvadoreño.
Movimiento de víctimas del régimen de excepción critica aprobación de cadena perpetua en El Salvador
El representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, Samuel Ramírez, expresó su postura crítica ante la reciente aprobación de la cadena perpetua en El Salvador, durante una entrevista concedida al medio internacional France 24 la noche de este día.
Ramírez cuestionó la necesidad de la nueva normativa, señalando que en el país ya existían condenas que alcanzaban hasta los 350 años de prisión. En ese sentido, afirmó que la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa de El Salvador se realizó bajo dispensa de trámites, lo que —según su criterio— evidencia una falta de debate profundo.
Asimismo, sostuvo que el objetivo del presidente Nayib Bukele sería influir en el sistema judicial, señalando que se busca contar con “jueces dóciles” que acompañen las decisiones del Ejecutivo.
El representante también denunció presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Entre sus señalamientos, mencionó la muerte de personas privadas de libertad, atribuidas —según indicó— a la falta de atención médica y otras condiciones adversas.
Además, Ramírez afirmó que existen informes de organismos internacionales que advierten sobre posibles delitos de lesa humanidad en el país, en el contexto del régimen de excepción vigente.
Estas declaraciones reflejan la postura crítica del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción frente a las recientes decisiones en materia de seguridad pública, en medio de un debate nacional e internacional sobre las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño.
