Autoridades del gabinete de Seguridad entregaron este jueves a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley que contiene disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias para controlar las cárceles con el fin de reducir la criminalidad en el país. Una de las disposiciones busca que las telefónicas bloqueen la señal, y de no acatar, que se haga por la fuerza.
“Se va acabar el nivel de impunidad que hay en las cárceles y que ya no puede soportarse. Nosotros respaldamos lo que aquí se plantea, incluso quitar la señal de las telefónicas a la fuerza si no la quieren quitar por recomendación”, dijo la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde dijo que serán rigurosos con el control de celulares al interior de los penales. “Este decreto permite la posibilidad técnica o de otra índole para garantizar el corte del tráfico de telecomunicaciones en las cárceles”, dijo el ministro.
El objetivo de este decreto transitorio es evitar que desde las cárceles se sigan ordenando delitos. “Buscamos proteger a la población de las actividades ilícitas que aún dentro del sistema penitenciario se siguen ordenando a grupos delincuenciales a nivel nacional”, dijo Ramírez Landaverde.
Landaverde explicó que en primer lugar han trasladado a 299 cabecillas de pandillas a nivel nacional, a condiciones de aislamiento en el Penal de Cojutepeqeue. Aclaró que este traslado ocurrido hace unos días, se dio en el marco del estado de emergencia por 15 días que actualmente desarrolla la Dirección General de Centros Penales amparados en la Ley Penitenciaria.
“Esta iniciativa por su carácter especial, nos daría la posibilidad de mayores libertades, y continuar de ser necesario con los traslados respectivos”, expresó Landaverde.
Se pretenden además la restricción y de ser necesaria suspensión de visitas de todo tipo en todo el sistema penitenciario, a excepción de las visitas que correspondan a la defensa técnica de los privados de libertad que podrán desarrollarse en condiciones de mayor control.
El decreto también contempla la restricción de tránsito de reos al interior de las cárceles, y el confinamiento en sus celdas mientras sea necesario. El decreto también busca que se habiliten centros temporales de reclusión en distintos puntos del país.
El Gobierno busca además que se suspendan los traslados de reos a audiencias judiciales o a cualquier otra diligencia judicial, y suspenderá la caducidad de la prescripción de los delitos cometidos por reos que estén recluidos en los siete centros penales en emergencia, y deja abierta la posibilidad de ir modificando dicha suspensión.
El ministro de Justicia y Seguridad se mostró satisfecho por el respaldo que ha tenido esta iniciativa al interior de la Asamblea Legislativa, y afirmó que este es un reflejo de la unidad con la que se trabaja para frenar la delincuencia.
Por otro lado el ministro de la Defensa, David Munguia Payes, dijo que la labor de la Fuerza Armada en esta medida será de acompañamiento a las autoridades de seguridad en el control de los centros penales, y manifestó además que ya se contactan a mil reservistas para incorporarlos a las labores de seguridad, aunque admitió que por el momento desconoce de dónde provendrán los fondos para el mantenimiento de los reservistas.
Este decreto transitorio es parte de las medidas extraordinarias en materia de seguridad que el Ejecutivo presentará de manera escalonada en los próximos días
La comisión de Seguridad y combate a la Narcoactividad emitió dictamen favorable sobre este decreto, lo que facilita su incorporación a la discusión para aprobación. La Asamblea Legislativa se comprometió a discutir dicha iniciativa en sesión plenaria extraordinaria este 1 de abril, para que sea aprobada y puesta en marcha lo antes posible.
