El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que como fracción legislativa han condicionado su voto para el proyecto de Ley de Reconciliación que habían diseñado las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa.
Ortiz dijo que han tomado esta medida, debido a que consideran que la propuesta no reúne los requisitos necesarios en favor de las víctimas de la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
“El FMLN no se retira, solo va a acompañar un proyecto de ley si las víctimas están de acuerdo. Estamos planteando que como FMLN y es extensivo para nuestra fracción legislativa, no vamos a votar por ningún proyecto de ley que no lleve incorporado el aporte, el respaldo y el apoyo de las víctimas y de las distintas instancias que lo representan”, informó Ortiz.
El secretario izquierdista se refiere a la reunión que se registró el martes entre los parlamentarios y diferentes sectores que conforman la sociedad civil, donde fue presentado este documento que busca dar justicia a los casos de violación de derechos humanos registrados en el pasado conflicto armado.
Sin embargo, las víctimas de la guerra no salieron satisfechas de esta junta registrada en un hotel capitalino, ya que consideran que aún se mantiene en la impunidad sus casos, con la finalidad de evitar el castigo a los victimarios.
En esa ocasión, fueron presentadas 10 objeciones que serán estudiadas por los parlamentarios, entre ellas, la reducción de la pena hasta la quinta parte, cuando el victimario admite su participación en un hecho, pida perdón a las víctimas y colabore con las investigaciones.
David Morales, de Cristosal, explicó que el documento sigue siendo una “ley de impunidad disfrazada” y que no cuenta con el respaldo de su organización ni con otras asociaciones y familiares de las víctimas que vienen señalando que la Asamblea quiere hacer una ley en la que no da castigo a los hechos de graves crímenes de guerra.
En este sentido, el exguerrillero dijo que: “Es un conflicto del cual se hablará mucho, pero sin ese conflicto muy difícil hubiera sido desmontar una dictadura y regímenes de opresión que violentaron sistemáticamente derechos elementales, libertades básicas y derechos fundamentales de la familia salvadoreña de manera repetida y por supuesto en algún momento de la historia de manera permanente, regímenes no solo autoritarios, sino violadores de los derechos, sino, que no permitían ningún espacio político”.
Por su parte, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea continuaron con el debate de esta propuesta para acercarse a lo que requieren las víctimas.
Ante esta situación, el diputado de la fracción legislativa de ARENA, Carlos Reyes, indicó que: “algunas observaciones que nos han hecho diferentes organizaciones y grupos, creo que de eso se trata. Ya prácticamente está el documento y podemos compartirlos con los diferentes diputados de los grupos parlamentarios y esperamos que esto pueda salir mañana”.
Dijo que una de las inconformidades era que la pena para criminales confesos se estaría poniendo que la “quinta parte de la pena se estaría poniendo a cuatro” y se estaría poniendo una base de $10 millones para resarcir los daños a víctimas de guerra y luego se destinaría todos los recursos necesarios.
Mientras tanto, el presidente del Congreso convocó a plenaria para las 5:30 de la tarde de este miércoles, para abordar otros temas de interés nacional.
Controversial propuesta de ley
Este cuerpo de ley contendría ciertos beneficios para los criminales que confiesen los delitos que cometieron en la pasada Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
"Las leyes por supuesto no son perfectas, ni acá ni en la China. Pero le puedo asegurar que la ley en términos generales lleva un 90 % de insumo que habían presentado organizaciones defensoras de derechos humanos y un 10% de la propuesta por subcomisión", dijo Ponce, esto en referencia a que tomaron en consideración lo expuesto en los foros en los que se recibió a familiares y víctimas del conflicto armado.
Este documento que tomó meses de deliberación en privado y varias solicitudes a la Sala para extender el plazo de entrega, fue presentado en la comisión política.
Ponce sostuvo que el anteproyecto concede beneficios penales, establece medidas de reparación obligatorias al Estado, pero asignar fondos específicos, y prohíbe condecorar a acusados de crímenes de guerra.
Agregó, que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un periodo de seis meses para evaluar y presentar a los tribunales las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Pero en caso que el fiscal del caso no cuente con los indicios suficientes en el plazo asignado, podría solicitar al fiscal superior un periodo de gracia de seis meses más.
Uno de los puntos controversiales es la propuesta de reducir a la quinta parte la totalidad de las penas cuando se reconozca la participación en los hechos, pida perdón a víctimas, colabore en el esclarecimiento de los hechos y ayude a dar con el paradero de las víctimas o sus restos.
Este punto se aborda en el artículo 66 del proyecto, que establece que el juez "podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas, si la persona procesada cumple con cualquiera diferentes condiciones".
En julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, prohibiendo que se impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.
Reparación a los daños hechos a las víctimas de guerra
En el punto de reparación de daños a víctimas de guerra, el anteproyecto propone la creación del Consejo Nacional de Reparación (Conrepara), entidad autónoma liderada por la Procuraduría General de la República (PGR) y acompañada por los ministerios de Hacienda, Salud, Educación y cuatro representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nombradas por el presidente de la República.
Este trabajo interinstitucional, tendrá la misión de formular la Política Nacional de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, programas de reparación, administrar un registro oficial de víctimas, vigilar políticas públicas que las afectan, y rendir informes sobre el estado de reparación a la Asamblea Legislativa.
Además, se incluirá el registro de víctimas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como las del decreto Ejecutivo 204. Además, se mantendrá el Régimen Especial de Registro Único de Víctimas de la Masacre de El Mozote.
Los fondos otorgados a víctimas como reparación, en tanto, serán incluidos de forma escalonada en el Presupuesto General de la Nación de parte del Ejecutivo; aportes extraordinarios que determinen el Estado; y donaciones de cooperación internacional para tal fin. No se establece un monto específico para la indemnización.
Finalmente, el Conrepara debe elaborar una prohibición de homenajes y retirar las distinciones honoríficas y nominación de instalaciones públicas hacia personas condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
