Al menos 6 funcionarios del gobierno se encuentran siendo investigados luego que trabajos periodísticos revelaran las compras que ha realizado el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia por COVID-19, contrataciones del Ministerio de Turismo para albergues, y otorgamientos de créditos por Bandesal a una familiar de la comisionada Carolina Recinos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hemos abierto investigaciones en torno a noticias de negociaciones entre funcionarios y el Estado, es nuestra obligación legal hacerla”, publicó la FGR en su cuenta de Twitter.
El funcionario ha reiterado que no permitirá que se aproveche la situación que se ha vivido en El Salvador –tras los estragos dejados por de las tormentas Amanda y Cristóbal, así como la pandemia por COVID-19- “para que, personas se aprovechen de los fondos públicos”.
La Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado ha iniciado procesos de investigación sobre “que es lo que ha habido en cada caso, para ver si es constitutivo de delito”.
“No vamos a permitir que se haga uso indebido de los fondos de los salvadoreños”, ha recalcado el fiscal general, quien dice que esperan remisiones de informes tanto de la CICIES como de la Corte de Cuentas.
Los casos son la venta de caretas protectoras por parte de INSEMA, que es propiedad del expresidente del FONADES, Jorge “Koky” Aguilar, que siendo funcionario vendió el producto al Ministerio de Salud
Ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, destituyó a Koky Aguilar por haber hecho esta transacción que asciende a $250 mil. Sin embargo, no hubo acciones en contra del ministro de Salud, Francisco Alabí, pese a que firmó el contrato.
Por lo tanto, una organización tomó acciones en contra del funcionario y puso una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental.
Luego ha sido denunciado al viceministro de Ingresos, del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo y un socio suyo por vender protectores faciales al Ministerio de Salud por $750 mil.
Además, el diputado arenero, Gustavo Escalante, vendió mascarillas por valor de $344,000 a Salud, el político dijo que esta información no es cierta pese a que el portal noticioso El Faro asegura que el hermano de él da crédito a esta transacción.
Quien manifestó estar de acuerdo en la investigación del TEG es la comisionada presidencial, Carolina Recinos, quien asegura que no hay conflicto de intereses en el que Banco de Desarrollo de El Salvador le otorgara a su hermana un préstamo por $22,000 y a pesar que la junta de ese banco advirtió que no era procedente.
“Se meten con mi hermana, una mujer trabajadora y luchadora que batalla contra el cáncer, va y pide un crédito ¿saben por qué pide crédito? Porque no somos una familia de ladrones, no le podemos dar una maleta de dinero, no somos de esas familias”, señaló Recinos, a la vez cuestionó al periodista Héctor Silva, de la Revista Factum, por retomar la investigación de El Faro, y lo acusó de tener intereses políticos, pues el reportero es miembro de Nuestro Tiempo, de Johnny Wright.
Además, sin mencionar nombres cuestionó a algunas feministas “que se dicen defensoras de los derechos de las mujeres”, pero que ante el artículo de prensa en mención “se ensañan con una mujer”, por lograr una candidatura.
