La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles que el juez que dejó sin condena a los 18 imputados en el caso “Tregua”, incluyó prueba que ninguna de las partes había ofertado, y desmeritó prueba presentada por la FGR con el fin de presuntamente favorecer a los acusados.
“El juez incorporó prueba que no fue ofertada por las partes y no valoró otra que fue ofrecida por la Fiscalía. El funcionario fue más allá de lo que debía hacer al retomar el Plan Quinquenal para justificar su resolución”, dijo la jefa de la Unidad Antipandillas de la FGR, Guadalupe Echeverría.
Lea también: Sin condenas en caso “Tregua”
La Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador ordenó ayer la nulidad del juicio y su repetición, en vista que consideró que hay prueba que no fue valorada por el juez a cargo. Además ordenó que se reinstale nuevamente el juicio contra los implicados, entre ellos, el exvocero de las pandillas, Raúl Mijango, y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda.
“Resulta evidente la marcada intención por parte del funcionario judicial de justificar a toda costa la conducta de los procesados dejándolos fuera del contexto de sus facultades y sobre todo de la sujeción de sus cargos a la ley y la Constitución”, dice la resolución de la Cámara.
La FGR aplaudió la decisión de dicha Cámara, pues al momento de la sentencia, el juez argumentó que no había aportado prueba suficiente, pero que con esta resolución, eso queda desmentido.
“El juez dejó por fuera allanamientos a tiendas penales donde se encontró currículums de personas que trabajaron con Mijango y chequera con las que se les pagaba con fondos provenientes de esos negocios, dijo el fiscal del caso tregua.
La FGR señala además que el juez dejó por fuera los análisis que hizo una comisión, donde se dejó claro que no se cumplió con los parámetros establecidos para que se hicieran los traslados de cabecillas, del penal de máxima seguridad hacia otros de menor rigurosidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador absolvió el pasado 29 de agosto a los 18 implicados en el denominado “caso tregua” (2012-2013) entre los que se encontraban un exdirector de Centros Penales, altos mandos policiales y empleados penitenciarios.