La Fiscalía General de la República (FGR) compareció este viernes en audiencia de seguimiento del cumplimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instaló para conocer las diligencias que ha hecho para cumplir la sentencia del amparo en el caso conocido como “La Masacre de San Francisco Angulo” del municipio de Tecoluca, San Vicente, donde murieron 47 personas, atribuidas según los demandantes a las Defensa Civiles y Fuerza Armada en el año 1981.
En la sentencia emitida por la Sala el 5 de febrero de 2014, los magistrados le ordenaron al Fiscal General efectuar dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo, ocurrido según los demandantes en el cantón San Francisco Angulo y que en el caso se haya cometido algún delito, ejercer de inmediato la acción penal.
Al respecto el jefe del Grupo Especial para esclarecer Crímenes de Guerra, creado por la FGR el 12 de diciembre de 2016, a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aceptó que las investigaciones a la fecha no son concluyentes y que el principal reto que tienen es recabar los medios probatorios alrededor del caso.
Informaron que con la colaboración de varias ONG han exhumaron 30 restos humanos en la zona de la masacre, de los cuales 19 ya fueron identificados, 11 aún no se han reconocidos y 15 cuerpos pendientes de localizar.
Manifestaron que la vigencia de la Ley de Amnistía fue un obstáculo legal que tuvo la Fiscalía para realizar la investigación, no obstante, desde hace dos años que se declaró inconstitucional ahora la FGR ha tratado de darle cumplimiento aunque no como debería ser.
Señalaron que el caso aún no se ha podido judicializar porque están en la fase de investigación con entrevistas a víctimas y a la vez testigos, y que no se ha individualizado aún a los responsables, pero que hay esfuerzos para esclarecer y que retomaran el caso.
Por su parte los demandantes señalaron que a más de cuatro años de la sentencia de la Sala y más de ocho años de la denuncia penal en 2009, la FGR -según ellos- no se ha pronunciado al respecto de dar resultados concretos de la investigación penal y así garantizar el goce del derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
Al final los magistrados programaran una nueva audiencia para un plazo razonable para conocer los avances que se han tenido el ministerio público fiscal para ver si se han cumplido los compromisos expresados en la audiencia.
