La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que ha abierto una investigación por la militarización de la Asamblea Legislativa registrada el domingo, que fue producto al choque entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo por la falta de aprobación del préstamo por $109 millones que el BCIE entregó, para el financiamiento de la Fase III del Plan Control Territorial.
La problemática se ha suscitado porque el mandatario, Nayib Bukele, insiste que es necesario que los diputados den el pronto aval al empréstito para darle continuidad a su estrategia de seguridad, mientras los parlamentarios son del pensamiento que si están a favor de combatir la delincuencia, pero es necesario revisar cómo se usarán los fondos ya que cuentan con ciertas dudas.
Por lo tanto, estos puntos han generado el enfrentamiento que se intensificó la semana pasada, cuando el presidente aseguró que haría uso del Consejo de Ministros para convocar a los diputados a una plenaria extraordinaria para que se tratara el tema del empréstito.
Sin embargo, el Legislativo se negó a aceptar esta medida porque esa convocatoria establecida en el artículo 167 de la Constitución de la República, solamente se puede aplicar cuando hay calamidad nacional.
Ante la negativa, Bukele invocó el artículo 87 para plantearle a la población que era necesario hacer uso de la “insurrección” y sacar a los “corruptos” congreso.
Los hechos se dieron como lo estableció, con la llegada de ciudadanos con los que buscaba acuerparse en la convocatoria. Pero lo que sorprendió fue la utilización de las fuerzas de seguridad públicas, que usurparon la Asamblea.
Esto no agradó a los 17 diputados que acataron el llamado de la plenaria extraordinaria, por lo que manifestaron su malestar.
Además, esto generó revuelo nacional e internacional, debido a que fue calificado como un grave retroceso en la democracia salvadoreña.
Al registrarse estos hechos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso en contra de estos hechos, lo que generó que ordenara al Presidente que se abstuviera de alterar el orden repúblicano con la FAES y PNC, mientras que a las dependencias les indicó que no se sobrepasen de la autoridad que se les confiere.
Ante estos hechos, el Ministerio Público ha tenido que salir al paso, porque considera que se puso en peligro el Estado de Derecho, la división de poderes y el Orden Constitucional.
Por lo tanto, la FGR exigió respeto a la Constitución de la República, ya que se está desafiando con
Ante el contexto actual y en vista de que incluso se está desafiando y amenazando el orden discursos y declaraciones en redes sociales.
“Se reconoce el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero no al llamamiento a la violencia o amenaza de las Instituciones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
A esto, el presidente Bukele dijo en redes sociales: “Manda a decir la @FGR_SV que ya resolvieron todos los homicidios y extorsiones de nuestro país y que en el tiempo libre hará esto: (investigación de la militarización de la Asamblea).
Representación del Vaticano en El Salvador se pronuncia
El nuncio apostólico, Rocco Gangemi, consideró que las acciones de Bukele “fue una ‘ragazzada’ (un acto de juventud, inmaduro), algo impulsado, empujado por una situación compleja”.
“Hay que volver a dialogar, para encontrar caminos de diálogo para resolver los tantos problemas que le hace tanta falta al país”, sostuvo el jerarca de la Iglesia católica.
