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miércoles, 28 de julio del 2021

Fespad muestra su descontento por desalojo en la isla Tasajera, La Paz

Ante la problemática que se ha desatado con este caso, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, atendió inmediatamente la necesidad de las familias.

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) condenó el desalojo que ordenó un Juzgado de Paz, en contra de 20 familias que vivían en la isla Tasajera, ubicada en San Luis La Herradura, La Paz.

La organización aseguró que el hecho ocurrido el pasado lunes, viola lo suscrito por el Estado Salvadoreño en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; donde se prohíbe a los Estados realizar desalojos forzados.

Por lo tanto, Fespad recordó que en uno de los artículos del PIDESC menciona el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, a esto agregaron que es lamentable que este suceso se haya registrado en marco del Día Mundial del Hábitat, que busca crear conciencia sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Ante este caso, la ONG solicitó al sistema judicial que se garantice el debido proceso derecho de defensa y audiencia para las personas que han resultado afectadas.

Asimismo, pidieron a la Asamblea Legislativa adecuar las normativas internas con los estándares internacionales de los derechos humanos y derogar la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto 23-2009), que permite los desalojos forzados en condiciones de vulnerabilidad.

“Se insta al Órgano Ejecutivo a que genere planes y políticas orientadas a reducir el déficit habitacional en El Salvador y a resolver el problema de vivienda”, reza un extracto del comunicado emitido por Fespad.

Presunta construcción de hotel

Los afectados aseguran que fueron desalojados para hacer la construcción de un hotel en el sector, que busca incentivar el turismo en la zona.

“Denunciamos y hacemos un llamado a las autoridades competentes sobre la clara vulneración de derechos humanos que más de 100 personas de la Isla Tasajera están viviendo en estos momentos con el desalojo arbitrario e ilegal”, indicaron los desalojados.

Los denunciantes aseguran que la medida estaría encabezada por el ciudadano Tony Closa, quien presuntamente atropella los derechos de las personas que tienen cerca de 50 años viviendo en el lugar, sin que el Estado les garantice los derechos como vivienda digna y seguridad.

Agregaron, que Closa no es propietario de los terrenos, sino que son del Ministerio de Medio Ambiente catalogado como área protegida.

Sin embargo, trascendió que las cuatro manzanas de terreno habrían sido cedidas a esta persona.

Ministerio de Vivienda reacciona ante esta problemática

Ante la problemática que se ha desatado con este caso, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, atendió inmediatamente la necesidad de las familias.

Sol coordinó la atención a estas personas con equipos de trabajo del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Gobernación.

“Si una jueza los desalojó, nosotros les decimos: ¡NO tengan miedo! Equipos de Vivienda y Gobernación… Vamos a trabajar juntos para que puedan tener sus casas y no sean desalojados, igual que en la Comunidad El Espino”, prometió la funcionaria.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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