El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Nelson Flores expresó este martes que el estado de emergencia decretado por autoridades de Seguridad y Centros Penales puede incrementar sustancialmente la ola de homicidios que afecta al país.
“Esta medida no va a resolver el problema de la violencia en el país, porque se deben desarrollar medidas integrales que permitan realmente tener un control efectivo sobre el tema de las llamadas telefónicas. En respuesta a esta medida pueden incrementarse los homicidios en el país”, explicó Flores.
Este 29 de marzo, autoridades del gabinete de Seguridad junto a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) declararon estado de emergencia en siete centros carcelarios del país, la disposición durará quince días.
En consecuencia, 299 cabecillas de pandillas fueron trasladados del penal de Izalco hacia el de Quezaltepeque, a fin de “evitar que estos ordenen el cometimiento de crímenes”. Los trasladados no podrán gozar de visitas íntimas ni familiares, y además serán sometidos a encierro total en sus celdas.
En cuanto al traslado de cabecillas, el coordinador manifiesta que no es relevante, porqué es una práctica que se ha ejecutado en diferentes oportunidades “y sin resultados”. Sin embargo opina que la medida estaría violentando algunos derechos de los cuales gozan los reos, como las visitas.
“Me parece que esto estaría violentando derechos humanos al no ser visitados por sus familiares, esto es parte de la reinserción del reo. Además qué es lo que pretenden lograr con un encierro general; yo no creo que disminuyan los homicidios, sino al contrario pueden tomar represalias”, dijo el coordinador.
Flores asevera que no solo los homicidios podrían verse incrementados, sino también la existencia de amotinamientos en los centros penales, “ojalá no suceda lo que paso en 2004 en el penal de Gotera, en que las cabezas de algunos reos anduvieron rodando por los pisos”.
Asimismo exhortó que deben tomarse en cuenta otras mecanismos para controlar el ingreso de ilícitos, llamadas clandestinas, y otros, “para que exista un real control de hechos delictivos al interior de los penales”.
“Gobierno no debe intimidarse”
Por su parte el exfiscal y exdirector de Centros Penales, Astor Escalante concuerda en que los delincuentes responderán con violencia ante estas medidas de emergencia en centros penales, pero que el Gobierno no se debe dejar intimidar.
“Sin duda los delincuentes pueden actuar violentamente. Ese es un cuidado que debe tener el Gobierno, pero creo que no debe temer a las reacciones de los delincuentes. Ya sabemos que los criminales son violentos. El Estado tiene que imponerse con toda su fuerza legal y constitucional, y con la fuerza bruta que implica también con sus policías, soldados, fusiles, imponiendo el orden frente al actuar de los delincuentes”.
Escalante avala la medida en siete centros penales y sostiene que son tomadas en concordancia y lógica frente la inseguridad,”son medidas de seguridad que van en lógica y concordancia frente al problema de seguridad del país y al accionar de las pandillas. Implican niveles de rigurosidad basadas en la Constitución y las leyes de la República”, señala.
Asimismo sostiene que el sistema penitenciario no debe fijar un número específico de días para esta medida. “Las medidas de seguridad ordinarias o extraordinarias deben ser el pan nuestro del sistema penitenciario siempre y cuando los delincuentes no muestren evidencias de querer cambiar su actuación delictiva. Pandillero que quiere seguir en recibir un buen trato, tienen que actuar apegados a la Constitución y a las leyes”.
Autores: Dora Reyes/Mario Beltrán
