FESPAD: despliegue de FAES en San Salvador es inconveniente

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Recomiendan perseguir el crimen en todos los niveles e invertir en prevención y reinserción social

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) considera que desplegar nuevamente el uso de la Fuerza Armada en labores de seguridad en San Salvador, no es conveniente y puede tomarse como un grave retroceso al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pues asegura que para perseguir la criminalidad, la represión no debe ser la única herramienta.

A juicio de esta organización, con el despliegue militar se transgrede la Constitución de la República cuando afirma que es la Policí­a Nacional Civil (PNC) la encargada de la seguridad pública.

“La Fuerza Armada no está preparada para hacer seguridad pública; la carrera policial demanda capacidades y destrezas diferentes, pero también una filosofí­a y una mí­stica, que distancia a una institución de la otra”, expresa FESPAD por medio de un comunicado.

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Además subraya que, con decisiones como esas, se sigue dando continuidad a planes mano dura los cuales han demostrado que por ellos solos no pueden resolver la problemática, más bien han sido una de las causas del agravamiento de las condiciones de inseguridad.

“Tomar esa decisión por parte del Gobierno, deja en entre dicho los esfuerzos que se están haciendo en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y no da seguimiento al Plan El Salvador Seguro”, añade la institución.

FESPAD considera que el combate a la violencia y a la criminalidad debe ser integral en dos sentidos: garantizando el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de la Seguridad Pública; no es sólo la PNC la responsable, sino la Fiscalí­a General de la República (FGR), las unidades de Control Interno de la PNC, Tribunales, Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Además, sugiere que la persecución del delito se debe dar sin distingos a quienes cometan delitos; tomando en cuenta que la violencia y la criminalidad no “comienzan y terminan en las pandillas”.

“Debe perseguirse y reprimirse también el crimen organizado, ese que está enquistado en las altas esferas del poder polí­tico y económico; la delincuencia común y la violencia intrafamiliar. Incluyendo a agentes de la policí­a y del ejército”, señala.

Asimismo, recomiendan enfatizar la prevención del delito con acciones como el desarme, pues más del 60% de los delitos se cometen con armas de fuego. También recomiendan un cambio de lógica en los enfrentamientos armados, teniendo en cuenta que en las comunidades y colonias donde existen pandillas viven personas sujetas de derecho, y las mismas, están criminalizadas en su conjunto y esto genera procesos de deterioro social.

Por último, recomiendan que se dote a las instituciones de seguridad con un adecuado presupuesto para su funcionamiento, y se invierta en la reinserción social generando empleo, espacios de convivencia y de capacitación vocacional a las comunidades.

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