La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se ha mostrado en contra de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad por considerar que es cuestionable el nivel de impacto que tienen para lograr la readaptación social o para reducir la violencia social.
Su postura la dan en el marco del balance de la seguridad pública a cuatro años de gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén que hicieron público este miércoles.
Según esta organización, si bien es positivo el control de tráfico de telecomunicaciones dentro de las cárceles para evitar que se sigan cometiendo delitos en coordinación, esta medida no es nueva, pues ya el artículo 12 de la Ley contra el delito de extorsión emitida en el año 2015 impone la obligación a las compañías de telecomunicaciones de cortar el tráfico de señal en los centros penales, pero parecen no haberse cumplido.
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Afirman también que la depuración de personal penitenciario para evitar que beneficien con ilícitos a los reos, no debiera constituir medidas con carácter extraordinario.
“En lo que respecta a la reducción de derechos de los internos, producto de las medidas extraordinarias, debe tenerse presente que el régimen y el tratamiento penitenciario está suficientemente desarrollado en la normativa penitenciaria y en tratados internacionales, por lo que se vuelve innecesaria la creación de medidas extraordinarias que regulen la materia”, expresa FESPAD.
Afirman que el encierro total y la restricción de visitas de toda clase son contrarios al ideal resocializador que la Constitución ha contemplado en el artículo 27, el cual establece que están prohibidas las penas “infamantes” y toda especie de “tormento” y, en tal sentido señala que el sistema penitenciario debe estar organizado para “corregir a los delincuentes, educarlos formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de delitos”.
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“Definitivamente, FESPAD no aprueba la aplicación de medidas carcelarias, ordinarias o extraordinarias, que atenten contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Y en ese sentido, deben analizarse, una a una, las propuestas de reforma a la Ley Penitenciaria recientemente presentadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, con miras a volver permanentes algunas acciones extraordinarias”, agregan.
Prevención y nuevos fenómenos de violencia
En otro tema, también evalúan como positivo el despliegue del “Plan El Salvador Seguro” (PESS) por la disminución de homicidios que además, la califican como un retorno a las cifras con las que en 2014 este gobierno encontró al país.
“Si bien el PESS representa un aspecto positivo respecto al abordaje de la violencia social, su implementación no ha sido tal como se esperaba. El eje de “prevención” no ha ocupado el lugar central en relación a la distribución de recursos en torno al plan”, dicen, señalando que para el año 2017 el porcentaje de fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia ““CESS destinado a prevención, representó el 38,23 % y para 2018, el 30,8%, en ambos casos por debajo de lo invertido en el eje de “control y persecución penal”.
Entre otras observaciones, señalan la aparición y desarrollo de otros fenómenos de violencia como las ejecuciones extrajudiciales, los enfrentamientos y los desplazamientos forzados, este último, un tema que el gobierno no termina de reconocer al tildarlo de “movilidad interna”
Entre los desafíos que FESPAD observa para el nuevo gobierno en 2019, está convertir al PESS en una política de seguridad y fortalecer su aplicación; además, que el Estado recupere territorios en función de beneficiar a comunidades; la creación de un marco legal para la prevención de violencia; y atención a violencia contra grupos sociales vulnerable, entre otros aspectos.
