Luego de que uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional afirmara que en los ataques y manifestaciones en contra de la Sala participaran presuntamente militares según investigaciones del mismo Órgano Judicial, el ministro de la Defensa, David Munguía Payes, negó los señalamientos.
“No permitimos que nadie (políticos) metan sus manos en la institución armada. Pensamos que ha sido sorprendido con información falsa. La Fuerza Armada (FAES) reitera que en ningún momento ha participado ni va a participar en protestas en contra de ningún funcionario público”, dijo a medios locales el ministro Payes.
Rodolfo González, magistrado de dicha Sala, aseguró que investigaciones realizadas sostienen que militares habrían participado en manifestaciones en contra de la Sala de lo Constitucional y sus magistrados.
“Pasaron la información que habían participado en una de estas marchas. Obviamente no llegaron uniformados pero sí habían sido enviados por órdenes superiores a participar”, dijo González.
Expresó además que dichas investigaciones señalan que el número de placa de los vehículos que trasladan a manifestantes, corresponden a vehículos asignados al partido en el Gobierno.
También reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya es conocedora del caso y que ya ha iniciado las respectivas investigaciones.
En tanto, el ministro Munguía Payes, dijo que si los magistrados de la Sala tienen pruebas, que las presenten; el militar reiteró que ninguno de los miembros de la Fuerza Armada participa en protestas porque la ley se los prohíbe.
Las acusaciones surgen luego de que Florentín Meléndez, otro de los magistrados de la Sala, revelara que existen amenazas de muerte en contra de los magistrados, y señalara lo que considera difamaciones y ofensas en contra de los jueces del máximo tribunal del país.
Los magistrados consideran que el descontento por sentencias como la ilegalidad de los bonos por $900 millones; de la elección de los diputados suplentes y recientemente la admisión de una demanda en contra de las reformas a la Ley Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) podrían ser las generadoras de los ataques.
