El Plan de Control Territorial iniciado en junio pasado tal parece que le está dando resultados al Ejecutivo. Diariamente informan de redadas en todo el país en las que capturan a supuestos homicidas, extorsionistas, pandilleros, violadores y acusados de cometer robos, entre otros delitos. Ya se cuentan por miles los que han sido aprehendidos.
Pero ¿qué ocurre con todas estas personas que han sido arrestadas? La Fiscalía General de la República (FGR), está en la obligación de individualizar los casos para presentarlos a los tribunales.
Para Benjamín Cuéllar, fundador e integrante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador, las detenciones se están haciendo de manera desmedida y probablemente en algunos casos, el arrestado no tenga que ver con el cometimiento de un delito.
“7,900 personas capturadas en 65 días. Casi 121 cada 24 horas. De seguir así al menos durante el presente y los siguientes dos meses, serán cerca de diez mil más. En total sumarían alrededor de 10,500″, razonó Cuéllar.
Si se toma en cuenta que al 22 de julio del presente año la población penitenciaria ascendía a 39,173 privados de libertad, según la Dirección General de Centros Penales (DGCP), “estaríamos hablando del incremento de una cuarta parte de las ya recluidos. Eso sin contar con las que se encuentran en tal condición dentro de las bartolinas policiales.
Precisamente este día, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, informó que “acabamos de trasladar a mil personas de las bartolinas policiales a centros penales, hemos hecho clasificación de separar a los reos que están siendo procesados y a los condenados lo que nos permite romper con la cadena de comunicación”.
Incluso habló de reducir el hacinamiento en los penales, al menos el que está en Mariona. “En Mariona estamos en dos etapas que nos permitirá reducir el hacinamiento en otras cárceles y estamos en la ampliación del penal de Izalco que también nos permitirá también despejar las cárceles”.
Pero al ritmo que llevan las detenciones de personas sospechosas de cometer ilícitos puede hacer colapsar no solo al Ministerio Público; también al sistema judicial.
Cuéllar se pregunta ¿Qué cantidad de fiscales existe para investigar e individualizar la responsabilidad penal en todos los casos que ya están en proceso?
Fuentes de la FGR afirman que hay aproximadamente 750 fiscales y cada uno de ellos lleva como promedio 168 casos,
Para el fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador, no cabe duda de que ya rebasaron con las detenciones la capacidad del Ministerio Público para dar trámite a los expedientes que deben abrir a cada arrestado.
“Agréguele usted esta nueva “tanatada” de detenciones”, ¿cómo hará la Fiscalía General de la República para sustentar ante la judicatura estas nuevas denuncias?, cuestionó Cuéllar.
Agregó que a todas luces se está frente a una “mano dura 3.0”. Considera que es importante preguntarse si El Salvador es un "nido de delincuentes" en su parte de "abajo y adentro", porque "arriba y afuera" parecería que no los hay.
Uno de los principales problemas de los sistemas penitenciarios en Centroamérica son las políticas de capturas y redadas, que provocan sobrepoblación, que no sólo causa hacinamiento, sino también violencia y corrupción.
En los gobiernos anteriores, las leyes de mano dura adoptadas con el supuesto fin de combatir la delincuencia, encarcelando miles de personas supuestamente por estar implicados en el cometimiento de delitos o pertenecer a grupos criminales, no han hecho más que colapsar el sistema penitenciario.
