Por Redacción ContraPunto
Diversos organismos internacionales y defensores de derechos humanos han elevado una seria acusación contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por su presunta participación en procesos de adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas ocurridos en las décadas de 1960-1990, mientras fungía como administradora o tutora legal del albergue “Hogar Temporal Elisa Martínez”.
Alcance de las acusaciones
Según expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), existen indicios graves de que, entre 21 de enero y 30 de agosto de 1982, Porras habría estado vinculada a procedimientos que permitieron la salida y adjudicación irregular de más de 80 niños guatemaltecos tras su captura o desaparición forzada, sin investigaciones independientes ni reparaciones adecuadas a las familias afectadas.
Estas alegaciones forman parte de un patrón más amplio de adopciones ilegales en Guatemala que, según historiadores y organizaciones de derechos humanos, convirtió a niños en un mercado lucrativo facilitado por fraude, falsificación de documentos y falta de controles estatales en los años 80 y 90.
¿Beneficio económico y responsabilidad estatal?
Aunque las investigaciones aún no han establecido pruebas judiciales que demuestren un beneficio económico personal directo para Porras, los expertos de la ONU han señalado que las adopciones ilegales podrían involucrar “ganancias financieras impropias para intermediarios” y que el rol de funcionarios estatales en estos procesos requiere investigación independiente, exhaustiva e imparcial. En este sentido, se enfatiza la ausencia de acciones claras para esclarecer responsabilidades administrativas o penales.
Contexto político y búsqueda de reelección
Consuelo Porras, nombrada fiscal general en 2018 y ratificada para un segundo período hasta mayo de 2026, ha sido objeto de numerosas críticas por su gestión al frente del MP, especialmente por supuestos actos de persecución judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por socavar investigaciones anticorrupción.
En 2026 se postula además como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031, en un proceso impulsado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, lo que ha generado nuevas inquietudes entre observadores internacionales sobre la idoneidad de su candidatura dado su historial en el MP.
Pronunciamientos y reacciones de derechos humanos
Organizaciones internacionales han expresado su preocupación:
- La OEA, a través de su Misión Especial para Guatemala, ha instado a que la evaluación de su postulación sea especialmente rigurosa y transparente debido a los señalamientos contra su gestión y su impacto en el Estado de derecho.
- El Departamento de Estado de EE. UU., la Unión Europea, Canadá y Reino Unido han impuesto sanciones a Porras por presuntos actos que socavan la democracia y estado de derecho.
- Expertos de la ONU han solicitado investigaciones sobre la posible participación de autoridades, incluyendo a Porras, en adopciones irregulares y han lamentado la falta de mecanismos de reparación para las familias afectadas.
- Defensores de derechos humanos locales y organizaciones de sociedad civil han denunciado un clima de persecución política y judicial que ha forzado a exfiscales, jueces y activistas al exilio.
Llamado a investigaciones y transparencia
Ante estas acusaciones, diversas voces exigen la creación de mecanismos independientes de investigación que involucren a la fiscalía, organismos internacionales y expertos en derechos de la niñez, a fin de determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas de adopciones irregulares y sus familias.
