“En penales pagan justos por pecadores”

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Exigen al Gobierno que explique por qué prorroga las medidas de emergencia contra la violencia si los homicidios ya disminuyeron

Familiares de privados de libertad denunciaron este miércoles que debido a las medidas de emergencia contra la criminalidad del paí­s, implementadas en centros penales, los reos están siendo ví­ctimas de violación de derechos humanos, “viviendo en condiciones infrahumanas”.

“Pedimos que se regularice con verdadera justicia la situación que injustamente enfrentan todos los internos recluidos y se encuentran sometidos a las medidas de emergencia, porque están siendo ví­ctimas, pagando justos por pecadores, de todo tipo de abusos, malos tratos, crueles e inhumanos”, exhortaron los familiares.

Desde el 29 de marzo de 2016, seis centros penales del paí­s se encuentran bajo medidas excepcionales debido a la ola de violencia que ha afectado al paí­s, el Gobierno asegura que desde los recintos, los pandilleros ordenan toda clase de delitos, entre ellos extorsiones y homicidios.

Los penales que cumplen el régimen son:  penal de Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Complejo Penitenciario de Izalco, Penal de Chalatenango, Quezaltepeque y el de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Ante esto, los denunciantes aseguran que sus familiares presos están padeciendo de graves enfermedades y se encuentran a punto de perder sus capacidades mentales debido al encierro total que obliga dicho régimen.

“Pedimos al presidente que se nos informe el porqué tanta prórroga de las medidas de emergencia si ya los í­ndices delincuenciales han disminuido en más del cincuenta por ciento”, acotaron.

Además exhortan al presidente Salvador Sánchez Cerén a solicitar que el Ministerio de Salud abastezca de medicamentos a los penales; y al director de Penales, para que permita visitas de familiares a los internos sin delitos graves recientes.

“También solicitamos que los custodios de los penales nos traten con dignidad y con respeto a nuestros derechos humanos fundamentales y que permitan que ingresemos ropa para nuestros familiares”, exigieron los denunciantes.

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